24 diciembre 2019
NOTA ACLARATORIA AL DIARIO LA JORNADA.
En relación a la nota “Se alteró padrón en elecciones del SME" de la reportera Jessica Xantomila queremos hacer la siguiente aclaración.
No es que Benítez no sepa que en el SME se imprimen igual número de cédulas de votación al número de miembros activos con derecho a voto; sean trabajadores activos, jubilados o de renta vitalicia, más un 5% que ordena el estatuto, cifra que en las pasadas elecciones sumó un poco más de 35 mil cédulas de votación.
Debe quedar claro que la Dirección de Registro de Asociaciones solo registra a trabajadores en activo, tal y como lo exige la ley federal del trabajo; no incluye a los compañeros jubilados y de renta vitalicia que, pese a ello, en nuestra organización autónoma tienen derecho a voto.
Benítez bien lo sabe, sin embargo, prefiere pasarse de listo con los lectores en su torpe afán de sacudirse la derrota electoral de sus correligionarios; elección,que por cierto, fue observada por organizaciones sociales independientes que dieron fe de su legalidad.
El asunto se está ventilando en la JFCA. Nosotros tenemos mucho más que decir acerca de los engañosos números de los perdedores, sin embargo, no vamos a litigar en los medios de comunicación. Si como se aprecia, los opositores recién derrotados por el voto directo y secreto de nuestros compañeros, optan por desprestigiar nuestros procesos democráticos allá ellos. Nosotros tenemos la toma de nota del proceso electoral citado en tanto que para las autoridades fue legítimo y legal.
Como otras veces lo hemos dicho, la oposición que intentó tomar violentamente nuestras instalaciones el pasado 27 de septiembre carece de legitimidad y de proyecto político. Solo resta decir que su demanda de nulidad carece de pies y cabeza.
C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior del SME.
CDMX a 22 de diciembre de 2019.
No es que Benítez no sepa que en el SME se imprimen igual número de cédulas de votación al número de miembros activos con derecho a voto; sean trabajadores activos, jubilados o de renta vitalicia, más un 5% que ordena el estatuto, cifra que en las pasadas elecciones sumó un poco más de 35 mil cédulas de votación.
Debe quedar claro que la Dirección de Registro de Asociaciones solo registra a trabajadores en activo, tal y como lo exige la ley federal del trabajo; no incluye a los compañeros jubilados y de renta vitalicia que, pese a ello, en nuestra organización autónoma tienen derecho a voto.
Benítez bien lo sabe, sin embargo, prefiere pasarse de listo con los lectores en su torpe afán de sacudirse la derrota electoral de sus correligionarios; elección,que por cierto, fue observada por organizaciones sociales independientes que dieron fe de su legalidad.
El asunto se está ventilando en la JFCA. Nosotros tenemos mucho más que decir acerca de los engañosos números de los perdedores, sin embargo, no vamos a litigar en los medios de comunicación. Si como se aprecia, los opositores recién derrotados por el voto directo y secreto de nuestros compañeros, optan por desprestigiar nuestros procesos democráticos allá ellos. Nosotros tenemos la toma de nota del proceso electoral citado en tanto que para las autoridades fue legítimo y legal.
Como otras veces lo hemos dicho, la oposición que intentó tomar violentamente nuestras instalaciones el pasado 27 de septiembre carece de legitimidad y de proyecto político. Solo resta decir que su demanda de nulidad carece de pies y cabeza.
C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior del SME.
CDMX a 22 de diciembre de 2019.
La infamia del narcogobierno de Felipe Calderón al SME
AUTOR: MARTIN ESPARZA
Intromisión a la autonomía y libertad sindicales/Primera parte
Temeroso de que el país conociera los ocultos intereses que motivaron la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y el atentado laboral y jurídico perpetrado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Felipe Calderón Hinojosa ordenó reservar por 12 años los expedientes oficiales donde se contenía la información en torno al encubierto Golpe de Estado que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores el 11 de octubre del 2009.
En 2021, los mexicanos podrán enterarse que nada de lo argumentado por quien, ahora se sabe, encabezó un narcogobierno, fue válido para justificar el decreto de extinción de LyFC; sin embargo, no es necesario esperar dos años para recapitular sobre los antecedentes de esta infamia donde diversos personajes mostraron su baja estofa y su absoluto desinterés por los derechos de los electricistas, la defensa del sector energético y el bienestar de los usuarios.
Marcado desde el inicio de su gobierno por la sospecha de un cuestionado triunfo electoral con notorias evidencias de fraude, Felipe Calderón Hinojosa no solo declaró una disparatada guerra contra los capos del narco en su afán de legitimarse, sino también se lanzó contra aquellas organizaciones sociales y sindicatos independientes que manifestaron en 2006 su abierta adhesión a Andrés Manuel López Obrador. Tal era el caso del SME, que por acuerdo de Asamblea General decidió apoyarlo.
El golpe artero y cobarde al SME no fue obra de la casualidad, sino parte de una orquestada estrategia para golpear a una organización que desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se opuso a los intentos de privatización de la industria eléctrica nacional. Los primeros visos de que el espurio Calderón quería quitar de en medio al combativo SME, fue la campaña de linchamiento mediático que inició durante la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del periodo 2008-2010, donde a través de gente como Carlos Loret de Mola se buscó calificar como privilegios prestaciones ganadas por los electricistas en años de lucha, como los tratamientos de equinoterapia y definoterapia a los hijos de los trabajadores con problemas neurológicos.
Pero no solo comunicadores de Televisa, sino también funcionarios como el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño se subieron al ring de la ilegalidad para denostar y amenazar al SME, pues a pesar de que en dicha negociación se había alcanzado un acuerdo para rescatar al organismo público descentralizado mediante un convenio de productividad con 27 indicadores, que tendría vigencia hasta marzo....................LEER nota completa
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