16 enero 2020
13 enero 2020
10 enero 2020
Comunicado: ACLARACIÓN DEL SME sobre la nota “Gobernación y STPS no atienden las demandas de los disidentes del SME” publicada en La Jornada
ACLARACIÓN DEL SME.
El día martes en la nota titulada “Gobernación y STPS no atienden las demandas de los disidentes del SME” publicada por su prestigiado medio, la disidencia habló de “elefantes reumáticos” que se resisten a romper el estado de derecho como lo hizo en 2009 el narco gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a través de la Secretaria del Trabajo, en ese tiempo, encabezada por Javier Lozano Alarcón.
Desesperados por la pobreza de sus argumentos jurídicos ahora los disidentes pretenden forzar una decisión a su favor -de “veloz correcaminos”- que pase por encima del estado de derecho y constituya una abierta violación a nuestra autonomía y libertad sindical.
Los grupos que desertaron de la lucha apuestan a la intervención del estado reconociendo su incapacidad de formular alternativas de lucha para la reinserción laboral y la perspectiva histórica de nuestro sindicato.
Nosotros seguimos en el proceso jurídico y adoptaremos las acciones de masas necesarias en el terreno político. El fondo de toda esta cuestión es la necesaria reinserción laboral de los miles de trabajadores despedidos de LyFC cosa posible de hacer si se nos devuelven nuestra zona y materia de trabajo.
C. José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
A 9 de enero del 2020.
El día martes en la nota titulada “Gobernación y STPS no atienden las demandas de los disidentes del SME” publicada por su prestigiado medio, la disidencia habló de “elefantes reumáticos” que se resisten a romper el estado de derecho como lo hizo en 2009 el narco gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a través de la Secretaria del Trabajo, en ese tiempo, encabezada por Javier Lozano Alarcón.
Desesperados por la pobreza de sus argumentos jurídicos ahora los disidentes pretenden forzar una decisión a su favor -de “veloz correcaminos”- que pase por encima del estado de derecho y constituya una abierta violación a nuestra autonomía y libertad sindical.
Los grupos que desertaron de la lucha apuestan a la intervención del estado reconociendo su incapacidad de formular alternativas de lucha para la reinserción laboral y la perspectiva histórica de nuestro sindicato.
Nosotros seguimos en el proceso jurídico y adoptaremos las acciones de masas necesarias en el terreno político. El fondo de toda esta cuestión es la necesaria reinserción laboral de los miles de trabajadores despedidos de LyFC cosa posible de hacer si se nos devuelven nuestra zona y materia de trabajo.
C. José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
A 9 de enero del 2020.
En febrero se presenta plan de inversión público-privada de PEMEX y CFE: AMLO
Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- En febrero próximo se presentará el plan de inversión conjunta pública y privada del sector energético que incluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual podría contemplar inversiones por 30 mil millones de dólares.
Los participantes del sector esperan que se limite al fortalecimiento de las empresas del Estado, sino que incentive la inversión privada y considere la infraestructura para problemas prioritarios como la transmisión y retomar las rondas petroleras o farmouts, pero sobre todo que proporcione certidumbre jurídica a las inversiones y proyectos. Lo suficientemente sólido, no solo para impulsar la industria, sino para que respalde el desarrollo económico del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana que dicho plan se presentará en febrero, “ya se está trabajando en los proyectos”, donde participan la secretaria de Energía Rocío Nahle García, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. En la definición de los proyectos también participan presidentes de diversas asociaciones del sector, así como empresarios.
Los inversionistas esperan también una solución que permita reactivar sus proyectos energéticos, ya que se sabe que en el último trimestre de 2019 había 258 proyectos de inversión detenidos –equivalentes a más de 44 mil millones de dólares-, tanto de generación de electricidad, como de exploración y producción de petróleo, estaciones de servicio, gas natural y almacenamiento y distribución para combustibles.
El estancamiento de esos proyectos se debe principalmente a la burocracia: retrasos en trámites y permisos, falta de claridad en los criterios de resolución y en la aplicación de las leyes y regulaciones, así como ausencia de una estrategia integral. De ahí que una de las prioridades para continuar e iniciar nuevos proyectos deberá ser una ventanilla única que facilite los trámites, así como celeridad por parte de los órganos reguladores,
Un subsector que requiere de certeza es el de energías renovables que ha reducido su ritmo de crecimiento con la cancelación de las subastas, dejo pendientes los compromisos de la nación frente al cambio climático y con el Acuerdo de París, y se vio afectado por las modificaciones en la emisión de los Certificados de Energía Limpia.
Los participantes del sector esperan que se limite al fortalecimiento de las empresas del Estado, sino que incentive la inversión privada y considere la infraestructura para problemas prioritarios como la transmisión y retomar las rondas petroleras o farmouts, pero sobre todo que proporcione certidumbre jurídica a las inversiones y proyectos. Lo suficientemente sólido, no solo para impulsar la industria, sino para que respalde el desarrollo económico del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana que dicho plan se presentará en febrero, “ya se está trabajando en los proyectos”, donde participan la secretaria de Energía Rocío Nahle García, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. En la definición de los proyectos también participan presidentes de diversas asociaciones del sector, así como empresarios.
Los inversionistas esperan también una solución que permita reactivar sus proyectos energéticos, ya que se sabe que en el último trimestre de 2019 había 258 proyectos de inversión detenidos –equivalentes a más de 44 mil millones de dólares-, tanto de generación de electricidad, como de exploración y producción de petróleo, estaciones de servicio, gas natural y almacenamiento y distribución para combustibles.
El estancamiento de esos proyectos se debe principalmente a la burocracia: retrasos en trámites y permisos, falta de claridad en los criterios de resolución y en la aplicación de las leyes y regulaciones, así como ausencia de una estrategia integral. De ahí que una de las prioridades para continuar e iniciar nuevos proyectos deberá ser una ventanilla única que facilite los trámites, así como celeridad por parte de los órganos reguladores,
Un subsector que requiere de certeza es el de energías renovables que ha reducido su ritmo de crecimiento con la cancelación de las subastas, dejo pendientes los compromisos de la nación frente al cambio climático y con el Acuerdo de París, y se vio afectado por las modificaciones en la emisión de los Certificados de Energía Limpia.
Comunicado : ¿MILENIO NOS VA A DAR TRABAJO?
Nota aclaratoria a la publicación "Esparza explota terrenos cedidos al SME: disidencia"
Ahora que se ha revelado el contubernio entre el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el crimen organizado, vale la pena juzgar al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como uno más de sus agravios que dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores en un acto de fuerza, fuera de la legalidad y el Estado de Derecho.
Campañas mediáticas como la desplegada por Milenio en octubre del 2009 influyeron en la opinión pública a favor del gobierno de Felipe Calderón y en contra de los trabajadores.
En aquel entonces muchos medios de comunicación, incluyendo Milenio, recibieron recursos públicos en publicidad oficial para alabar el decreto de extinción y propagar el linchamiento mediático de decenas de miles de trabajadores que ilegalmente fueron despojados de su trabajo.
Los efectos de esa campaña mediática prevalecen hasta nuestros días. Los despedidos de Luz y Fuerza se incluyeron en las listas negras de la patronal y, en aquel sexenio, de la propia administración pública federal; existió y aún existe la discriminación laboral en contra de los ex trabajadores de LyFC.
Los electricistas que resistieron al decreto de extinción por la vía legal y la lucha social logramos recuperar parte del despojo derivado del ilegal decreto de extinción. Nadie nos “regalo” nada.
Recuperamos parte de la infraestructura de LyFC con la que integramos nuestra Cooperativa LF del Centro. Con ella estamos haciendo grandes esfuerzos por revertir los efectos nefastos del decreto de extinción y la campaña mediática de los alabadores de Felipe Calderón.
En las condiciones actuales la reinserción laboral a través de la Sociedad Cooperativa no ha sido fácil. Sin embargo, avanzamos con el apoyo del movimiento popular y la sociedad civil.
Aclaramos que los bienes recuperados no son propiedad de, ni son administrados por la dirección sindical del SME. Son administrados por los propios trabajadores a través de los órganos de gobierno de nuestra Cooperativa LF del Centro, que por cierto están obligados a rendirle cuentas a los cooperativistas y no a los medios de comunicación.
Quienes le proporcionaron “información” a Milenio son ex trabajadores liquidados en 2009 quienes se desistieron de las demandas que el SME interpuso en su defensa, cobraron su liquidación con la falsa promesa de que iban a ser reinstalados en la Comisión Federal de Electricidad y renunciaron a la lucha. Actualmente no son miembros de nuestra organización y por lo tanto desconocen su funcionamiento interno.
Nuestra lucha es por el trabajo. Si Milenio nos va a ayudar a la reinserción laboral de los trabajadores en resistencia que bien. Si no ayuda, que no estorbe.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
CDMX a 6 de enero de 2020.
Ahora que se ha revelado el contubernio entre el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el crimen organizado, vale la pena juzgar al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como uno más de sus agravios que dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores en un acto de fuerza, fuera de la legalidad y el Estado de Derecho.
Campañas mediáticas como la desplegada por Milenio en octubre del 2009 influyeron en la opinión pública a favor del gobierno de Felipe Calderón y en contra de los trabajadores.
En aquel entonces muchos medios de comunicación, incluyendo Milenio, recibieron recursos públicos en publicidad oficial para alabar el decreto de extinción y propagar el linchamiento mediático de decenas de miles de trabajadores que ilegalmente fueron despojados de su trabajo.
Los efectos de esa campaña mediática prevalecen hasta nuestros días. Los despedidos de Luz y Fuerza se incluyeron en las listas negras de la patronal y, en aquel sexenio, de la propia administración pública federal; existió y aún existe la discriminación laboral en contra de los ex trabajadores de LyFC.
Los electricistas que resistieron al decreto de extinción por la vía legal y la lucha social logramos recuperar parte del despojo derivado del ilegal decreto de extinción. Nadie nos “regalo” nada.
Recuperamos parte de la infraestructura de LyFC con la que integramos nuestra Cooperativa LF del Centro. Con ella estamos haciendo grandes esfuerzos por revertir los efectos nefastos del decreto de extinción y la campaña mediática de los alabadores de Felipe Calderón.
En las condiciones actuales la reinserción laboral a través de la Sociedad Cooperativa no ha sido fácil. Sin embargo, avanzamos con el apoyo del movimiento popular y la sociedad civil.
Aclaramos que los bienes recuperados no son propiedad de, ni son administrados por la dirección sindical del SME. Son administrados por los propios trabajadores a través de los órganos de gobierno de nuestra Cooperativa LF del Centro, que por cierto están obligados a rendirle cuentas a los cooperativistas y no a los medios de comunicación.
Quienes le proporcionaron “información” a Milenio son ex trabajadores liquidados en 2009 quienes se desistieron de las demandas que el SME interpuso en su defensa, cobraron su liquidación con la falsa promesa de que iban a ser reinstalados en la Comisión Federal de Electricidad y renunciaron a la lucha. Actualmente no son miembros de nuestra organización y por lo tanto desconocen su funcionamiento interno.
Nuestra lucha es por el trabajo. Si Milenio nos va a ayudar a la reinserción laboral de los trabajadores en resistencia que bien. Si no ayuda, que no estorbe.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
CDMX a 6 de enero de 2020.
24 diciembre 2019
NOTA ACLARATORIA AL DIARIO LA JORNADA.
En relación a la nota “Se alteró padrón en elecciones del SME" de la reportera Jessica Xantomila queremos hacer la siguiente aclaración.
No es que Benítez no sepa que en el SME se imprimen igual número de cédulas de votación al número de miembros activos con derecho a voto; sean trabajadores activos, jubilados o de renta vitalicia, más un 5% que ordena el estatuto, cifra que en las pasadas elecciones sumó un poco más de 35 mil cédulas de votación.
Debe quedar claro que la Dirección de Registro de Asociaciones solo registra a trabajadores en activo, tal y como lo exige la ley federal del trabajo; no incluye a los compañeros jubilados y de renta vitalicia que, pese a ello, en nuestra organización autónoma tienen derecho a voto.
Benítez bien lo sabe, sin embargo, prefiere pasarse de listo con los lectores en su torpe afán de sacudirse la derrota electoral de sus correligionarios; elección,que por cierto, fue observada por organizaciones sociales independientes que dieron fe de su legalidad.
El asunto se está ventilando en la JFCA. Nosotros tenemos mucho más que decir acerca de los engañosos números de los perdedores, sin embargo, no vamos a litigar en los medios de comunicación. Si como se aprecia, los opositores recién derrotados por el voto directo y secreto de nuestros compañeros, optan por desprestigiar nuestros procesos democráticos allá ellos. Nosotros tenemos la toma de nota del proceso electoral citado en tanto que para las autoridades fue legítimo y legal.
Como otras veces lo hemos dicho, la oposición que intentó tomar violentamente nuestras instalaciones el pasado 27 de septiembre carece de legitimidad y de proyecto político. Solo resta decir que su demanda de nulidad carece de pies y cabeza.
C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior del SME.
CDMX a 22 de diciembre de 2019.
No es que Benítez no sepa que en el SME se imprimen igual número de cédulas de votación al número de miembros activos con derecho a voto; sean trabajadores activos, jubilados o de renta vitalicia, más un 5% que ordena el estatuto, cifra que en las pasadas elecciones sumó un poco más de 35 mil cédulas de votación.
Debe quedar claro que la Dirección de Registro de Asociaciones solo registra a trabajadores en activo, tal y como lo exige la ley federal del trabajo; no incluye a los compañeros jubilados y de renta vitalicia que, pese a ello, en nuestra organización autónoma tienen derecho a voto.
Benítez bien lo sabe, sin embargo, prefiere pasarse de listo con los lectores en su torpe afán de sacudirse la derrota electoral de sus correligionarios; elección,que por cierto, fue observada por organizaciones sociales independientes que dieron fe de su legalidad.
El asunto se está ventilando en la JFCA. Nosotros tenemos mucho más que decir acerca de los engañosos números de los perdedores, sin embargo, no vamos a litigar en los medios de comunicación. Si como se aprecia, los opositores recién derrotados por el voto directo y secreto de nuestros compañeros, optan por desprestigiar nuestros procesos democráticos allá ellos. Nosotros tenemos la toma de nota del proceso electoral citado en tanto que para las autoridades fue legítimo y legal.
Como otras veces lo hemos dicho, la oposición que intentó tomar violentamente nuestras instalaciones el pasado 27 de septiembre carece de legitimidad y de proyecto político. Solo resta decir que su demanda de nulidad carece de pies y cabeza.
C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior del SME.
CDMX a 22 de diciembre de 2019.
La infamia del narcogobierno de Felipe Calderón al SME
AUTOR: MARTIN ESPARZA
Intromisión a la autonomía y libertad sindicales/Primera parte
Temeroso de que el país conociera los ocultos intereses que motivaron la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y el atentado laboral y jurídico perpetrado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Felipe Calderón Hinojosa ordenó reservar por 12 años los expedientes oficiales donde se contenía la información en torno al encubierto Golpe de Estado que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores el 11 de octubre del 2009.
En 2021, los mexicanos podrán enterarse que nada de lo argumentado por quien, ahora se sabe, encabezó un narcogobierno, fue válido para justificar el decreto de extinción de LyFC; sin embargo, no es necesario esperar dos años para recapitular sobre los antecedentes de esta infamia donde diversos personajes mostraron su baja estofa y su absoluto desinterés por los derechos de los electricistas, la defensa del sector energético y el bienestar de los usuarios.
Marcado desde el inicio de su gobierno por la sospecha de un cuestionado triunfo electoral con notorias evidencias de fraude, Felipe Calderón Hinojosa no solo declaró una disparatada guerra contra los capos del narco en su afán de legitimarse, sino también se lanzó contra aquellas organizaciones sociales y sindicatos independientes que manifestaron en 2006 su abierta adhesión a Andrés Manuel López Obrador. Tal era el caso del SME, que por acuerdo de Asamblea General decidió apoyarlo.
El golpe artero y cobarde al SME no fue obra de la casualidad, sino parte de una orquestada estrategia para golpear a una organización que desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se opuso a los intentos de privatización de la industria eléctrica nacional. Los primeros visos de que el espurio Calderón quería quitar de en medio al combativo SME, fue la campaña de linchamiento mediático que inició durante la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del periodo 2008-2010, donde a través de gente como Carlos Loret de Mola se buscó calificar como privilegios prestaciones ganadas por los electricistas en años de lucha, como los tratamientos de equinoterapia y definoterapia a los hijos de los trabajadores con problemas neurológicos.
Pero no solo comunicadores de Televisa, sino también funcionarios como el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño se subieron al ring de la ilegalidad para denostar y amenazar al SME, pues a pesar de que en dicha negociación se había alcanzado un acuerdo para rescatar al organismo público descentralizado mediante un convenio de productividad con 27 indicadores, que tendría vigencia hasta marzo....................LEER nota completa
12 diciembre 2019
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