Se cuenta con el apoyo de 168 legisladores de los 251 necesarios para aprobar la iniciativa
Prevén que aumentará hostigamiento contra el sindicato, como las nuevas órdenes de aprehensión
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 19
Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), señaló que ahora hay condiciones para que salga la iniciativa que propone crear un organismo público descentralizado para dar servicio de energía eléctrica a la zona en que operaba Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En conferencia de prensa, indicó que esta iniciativa –que el SME prevé que tendría que votarse a mediados de septiembre próximo en la Cámara de Diputados– requiere para ser aprobada del apoyo de 251 legisladores, y precisó que hasta el momento la propuesta es secundada por 168.
Detalló que “78 diputados del PRI apoyan la creación de una comisión de electricidad del centro, así como dos del PAN, 65 del PRD, 13 del PT, tres de Convergencia y siete de Nueva Alianza”, e indicó que continúan las pláticas con otros legisladores para lograr mayor respaldo a la iniciativa, sobre todo porque existe un amplio rechazo a las elevadas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Más amparos
José Antonio Almazán, prosecretario de jubilados del SME, indicó que debido al avance que presenta el apoyo de diputados a esta propuesta realizada por el sindicato y presentada por el PRD, se exacerbará el “hostigamiento gubernamental” hacia la dirigencia del gremio.
Añadió que en ese escenario se inscriben las nuevas órdenes de aprehensión giradas en contra de Esparza Flores; Amalia Vargas, apoderada legal del gremio, y Eduardo Bobadilla Zarza, secretario de trabajo del sindicato, por el delito de “fraude genérico en grado de tentativa”, por lo cual interpusieron un amparo.
Esparza y Almazán también estimaron que otra forma de hostigar al sindicato podría ser que se le pongan trabas para obtener la toma de nota de la dirigencia –que comenzó este mes su nuevo periodo–, pero confiaron en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “respete el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de que la dependencia no tiene facultad para negar la toma de nota”.
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