Ciudad de México (6 abril 2013).- El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las cárceles federales, se quedará con el edificio de la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La instancia, que ahora forma parte de la Secretaría de Gobernación, anunciará en breve su mudanza al edificio de Melchor Ocampo 171, esquina con Marina Nacional, que fue sede de LyFC, desaparecida hace más de tres años.
De hecho, el papel membretado del actual Comisionado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Gómez García, ya contempla ese inmueble como su nueva dirección. Los funcionarios ya despachan en el edificio, y sólo está pendiente la publicación del acuerdo de cambio de domicilio en el Diario Oficial de la Federación.
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 prevé un proyecto de inversión de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, a la que estaba adscrita el OADPRS, para concretar la compra y remodelación de este edificio, por un monto total de 922 millones de pesos.
De esta cantidad, 359 millones fueron ejercidos por la SSP en 2012, y el resto estaba agendado para el año en curso, aunque ya como parte del presupuesto de Gobernación.
En septiembre de 2011, la SSP había registrado el proyecto original de compra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque en ese documento se calculó que el gasto sería de 861 millones de pesos.
La SSP tenía que comprar el inmueble porque no era del Gobierno, sino que formaba parte del patrimonio de LyFC, en su calidad de órgano descentralizado de la administración pública.
Ese año, tras darse a conocer que el edificio sería ocupado por la SSP, vecinos de la colonia Tlaxpana y el entonces jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, se pronunciaron en contra de la instalación de "un cuartel policiaco" en el lugar.
Fuentes oficiales informaron que la madrugada del 11 de octubre de 2009, cuando el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC, elementos de la Policía Federal ocuparon el edificio, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, encargado de la liquidación de la paraestatal, nunca tuvo acceso al inmueble.
