Martín Esparza Flores
Los consorcios internacionales sólo están a la espera de que los inconscientes y apátridas miembros del Congreso de la Unión terminen de lustrar con las leyes secundarias la reforma energética, el cartel que anuncie en la marquesina de los acuerdos globales la venta de garaje de nuestros recursos energéticos.
Los plazos para desmantelar Pemex y aniquilar del mercado nacional a la CFE han empezado a cumplirse, avizorando un futuro incierto para ambas paraestatales que, lejos de perfilarse como empresas productivas, todo apunta que llegarán, si acaso, a la categoría de simples empresas administrativas.
De acuerdo con los últimos reportes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la CFE incrementó en 2013 sus pérdidas netas en un 95%; sus números rojos reportaron la cifra de 37 mil 552.3 millones de pesos, en relación con los 19 mil 215.6 millones de 2012. Buena parte de su déficit es a consecuencia de la compra obligada de energía que viene realizando desde la década pasada a las trasnacionales que ya generan la mitad de la electricidad en México. Desventajosa situación que los diputados y senadores, impulsores de la contrarreforma, han ocultado al país.
Lejos de fortalecer la Comisión Federal, las leyes secundarias contemplan la creación del llamado Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que será algo así como una gran oficina de gestión de trámites que abrirá el camino para que las empresas privadas se reproduzcan con prontitud colocando en el desventajoso mercado de la competencia por la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica a la ya de sí quebrada paraestatal. Con preponderancia en el mercado, serán los nuevos consorcios los que establezcan las tarifas que mejor convengan a sus intereses, con lo que el precio de la luz difícilmente tenderá a disminuir como lo pregonan los impulsores de la entrega de los bienes nacionales, ahora listos a dar la puñalada final a millones de mexicanos, con la aprobación de las leyes secundarias.
Para Pemex los tiempos establecidos por la llamada Ronda Cero ya se cumplieron el pasado 22 de marzo en que se fijó el plazo de 90 días, decretado de manera anticonstitucional en la reforma energética para que la entidad determine cuáles serán los campos de exploración y explotación que seguirán operando en el país, ya que será el próximo 17 de septiembre la fecha en que la Secretaría de Energía ponga en una abierta venta de garaje, el resto de los recursos petrolíferos del país a las firmas privadas.
La propia Sener adelantó el trágico escenario que empieza a cernirse sobre nuestra ya trastocada soberanía energética pues Pemex sólo peleará un tercio de todos los recursos sensibles de explotación; es decir, que la ahora empresa productiva se quedará con unos 34 mil 500 millones de barriles de un universo estimado de 112 mil 800 millones. ¿Cómo podrán explicar los serviles legisladores que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos?
