PAN y PRD ven corruptible ley energética

Los partidos presentan sus iniciativas para que Pemex y CFE se mantengan en el escrutinio público; la iniciativa de Peña quitaba a las paraestatales las exigencias para las contrataciones públicas.
Por: Edgar Sigler |
Jueves, 19 de junio de 2014

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La propuesta de leyes secundarias en materia energética del Gobierno federal excluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cumplir con normas para prevenir la corrupción en materia de licitaciones y contrataciones, por lo que los mayores partidos opositores en el Senado presentaron iniciativas para atajar estas lagunas.
Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron propuestas para que las paraestatales, en su nuevo rol como “empresas productivas del Estado”, sean sujetas al escrutinio de normas anticorrupción como todo el aparato del sector público.
La reforma constitucional prevé que Pemex y CFE se conviertan en empresas productivas del Estado, un concepto orientado a que compitan en el nuevo entorno donde se abrirán los sectores petrolero y eléctrico del país al capital privado.
Pero la iniciativa de leyes secundarias del Gobierno de Enrique Peña Nieto desvincula a las paraestatales de cumplir con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, lo que genera un vacío legal que puede generar focos de corrupción, acusaron senadores del PAN.
“De no llevarse a cabo la adecuación que se propone, se generaría un vacío que podría hacer inaplicable esta Ley a las empresas productivas del Estado, por la ausencia de autoridad competente en la materia”, afirmaron los legisladores panistas en una iniciativa para reforma la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas presentada este martes en comisiones de la cámara alta.
La propuesta se da en medio de diversas investigaciones que ha iniciado solo este año Pemex en casos como el de Oceanografía, Evya, Key Energy o Hewlett Packard, todas acusadas de fraudes en relación a asignaciones o licitaciones de servicios con la paraestatal.

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