octubre 25, 2015 / Contralínea
Seis años han transcurrido desde aquel 11 de octubre de 2009, en que de manera ilegítima toda la fuerza del Estado fue utilizada para perpetrar una de las más evidentes agresiones a la clase trabajadora en nuestro país. En el más descabellado de los sinsentidos, el autonombrado “presidente del empleo” lanzó a la calle a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin más trámite que la emisión autoritaria de un decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.
Como hoy lo reconocen algunos de los protagonistas del atentado al estado de derecho, el gobierno panista nunca tuvo en mente ajustarse a los cánones jurídicos para ventilar ante los tribunales los derechos laborales de los sindicalistas despedidos; menos aún, poner a discusión de la población y de los expertos en el tema del sector eléctrico las supuestas causales contenidas en la arbitraria decisión. El diálogo, que es la más valiosa herramienta para alcanzar y consensuar acuerdos en un país realmente democrático, fue excluido por Felipe Calderón Hinojosa como uno más de sus excesos cometidos a lo largo de su sexenio.
El exsecretario del Trabajo y Previsión Social, hoy senador de la República, Javier Lozano Alarcón, acepta en un reciente artículo publicado en El Universal que el encubierto golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas se preparó con el mayor de los sigilos semanas antes de su ejecución, y pondera que la toma de las instalaciones de la paraestatal se hizo mediante “un operativo impecable diseñado y ejecutado por el entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, sin ningún tipo de enfrentamiento y sin necesidad de utilizar la Fuerza pública”.
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