By Martin Esparza / Contralínea
La “empresa de clase mundial”, que por 12 años mostraron los panistas como arquetipo de transparencia, bonanza y eficiencia del sector energético, ahora se encuentra dando sus últimos estertores ante la quiebra de sus finanzas y el aumento irreversible de sus números rojos que, año con año, van al alza, debido en buena parte a la corrupción que desde años se enquistó en la estructura administrativa de sus niveles directivos y los ineficientes sistemas de operación, sobre todo en la zona centro del país, donde se han incrementado las pérdidas de energía.
De 2012 hasta mediados de este año, los estados contables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrojaron un saldo negativo de 139 mil 192 millones de pesos, borrando en los hechos el último vestigio de su “clase mundial”.
A la distancia, es evidente que los 12 años en el poder del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a la Comisión Federal de Electricidad a la peor de sus debacles, y como en su momento lo alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su silenciosa privatización que terminó por colocar a la antes paraestatal, hoy empresa productiva del Estado, de hinojos ante los intereses de las trasnacionales.
En 2010, y al dar a conocer los resultados de su análisis de la Cuenta Pública 2009, la ASF alertó con oportunidad y claridad: “En electricidad, la fiscalización superior tiene un amplio potencial en temas como la revisión de la capacidad de generación de la CFE, que está siendo subutilizada, con el aumento de los costos fijos y variables que ello implica, para permitir que los productores externos de energía (PEE) exploten y vendan al organismo público la electricidad que generan. Estos productores no asumen riesgos porque deciden vender a la CFE la energía que producen a los precios que pactaron en contratos que se extienden por 25 años y más. Existe un campo a evaluar por parte de la ASF en materia de licitaciones y permisos a permisionarios privados como Iberdrola, Électricité de France, Mitsubishi, AES Corporation, InterGen, TransAlta, entre otros, ya que la Comisión Reguladora de Energía ha autorizado inversiones y proyectos que están desplazando a los del servicio público nacional”.
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