El artículo 126 de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de reformar el siguiente artículo, el 127, el cual, entre otras muchas cosas, prescribe: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado voluntariamente como director general de la Comisión Federal de Electricidad para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen de la función pública, luego de 2 años y 155 días de dirigir la paraestatal. El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es contrato colectivo, no es condiciones generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.
Mas el problema no termina ahí sino que está bastante más complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de la CFE que se separen de manera voluntaria,como fue el caso del líder priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese “Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados: retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación” que de ninguna manera es el caso. De haberse aplicado el primero y no el segundo el señor Ochoa Reza no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres años de servicio.
