A más de 7 años de la infamia cometida en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por el gobierno de Felipe Calderón, no hay un solo mexicano que siga dando crédito a las falacias montadas para cerrar, de la noche a la mañana, una empresa pública y dejar sin empleo a 44 mil trabajadores. Tal como ocurrió aquel 11 de octubre de 2009.
Lo puntualizamos desde el momento de iniciar nuestra lucha de resistencia: la intención de los panistas no era velar por el interés de las finanzas públicas ni el bienestar de los usuarios de la energía eléctrica en el centro del país; su objetivo era la desintegración de la industria eléctrica nacional para entregarla de manera silenciosa y paulatina a las empresas extranjeras.
Para doblar a una institución sindical como el SME, era necesario recurrir a la bajeza y al atropello, al uso de la fuerza militar y policial, tal y como había ocurrido hacía 1 siglo cuando, en los albores de nuestra organización, gobiernos como el de Venustiano Carranza se negaban a reconocer los derechos laborales de los trabajadores enviando al Ejército a romper huelgas y detener líderes, como una extensión del porfiariato.
El artero golpe en contra del SME, perpetrado a las sombras de la noche mediante un despliegue de miles de elementos de las Fuerzas Armadas bajo el camuflaje de policías, no antepuso un diálogo de frente al país, como era lo más lógico en un régimen democrático y republicano. Y no existió nunca la intención de sentarse a analizar las verdaderas condiciones en que se hallaba la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, y en general la industria eléctrica del país, porque el gobierno de Calderón adolecía de los argumentos para defender su medida extrema y autoritaria, pero sobre todo, antinacionalista.