Es inconcebible que un conflicto social generado tras el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el 11 de octubre de 2009, por el cobro ilegal en sus recibos de luz a miles de familias en la zona centro del país, se haya mutado en una irresolución transexenal que tiene desde hace un mes en plantón permanente, a las afueras de la Secretaría de Energía (Sener), a los miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) que exigen del gobierno federal el cumplimiento a las minutas donde se pactó el compromiso a aplicar el borrón y cuenta nueva y el cese a los hostigamientos, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha utilizado la PGR como instrumento de intimidación a sus deudores.
Justo un año después de que el presidente panista Felipe Calderón prometiera a millones de mexicanos que con la extinción de la entidad pública se mejoraría el servicio y bajarían las tarifas, miles de habitantes se enfrentaron a la terrible realidad de ver dispararse el monto de sus recibos, indefensos ante una situación realmente absurda pues cuando acudieron a pedir una explicación a la supuesta “Empresa de Clase Mundial” que se hizo cargo del cobro y la prestación del servicio, se encontraron con la sorpresa de que CFE determinaba las nuevas cantidades con base en “lecturas estimadas”, lo que dio origen a los llamados “recibos locos” donde usuarios que antes pagaban cantidades bimestrales de 100 o 200 pesos vieron dispararse sus recibos a mil, dos mil y hasta veinte mil pesos.
Montos imposibles de saldar para las familias pobres que unidas por un problema común se agruparon en la ANUEE en defensa de este atentado a su frágil economía familiar. Primero el gobierno de Calderón y después la administración que está por finalizar en unos meses se mostraron insensibles a un grave problema social originado por la intención de privatizar el sector eléctrico.
Leer nota completa
