AUTOR: MARTIN ESPARZA /Revista Contralínea
Tercera parte y última. En las 223 fojas donde se contiene la información del Convenio de Delimitación de Zonas de 1985, firmado en el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, no caben dudas sobre cuáles son las áreas de trabajo y sitios del centro del país, donde se acordó respetar la materia de trabajo para los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Como se mencionó en pasadas entregas, tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro a través de un autoritario decreto de extinción emitido en el narcogobierno de Felipe Calderón, se dio por sentado que tal Convenio quedaba sin efecto al entrar a prestar el servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e infinidad de contratistas que generaron toda serie de fallas en el suministro por su incapacidad, afectando a miles de usuarios.
Contra lo que el expresidente anunció a coro con su gabinete de testaferros, el servicio no mejoró, las tarifas no bajaron ni se dieron los ahorros en el sector; haber dejado sin empleo a 44 mil smeitas al apoderarse de manera fascista de sus centros de trabajo, no respetando el Convenio de Delimitación de Zonas, disparó los gastos de operación de la CFE.
Los acuerdos privados con los contratistas reportaron millonarias ganancias, por debajo del agua, a funcionarios de la CFE que rehuyeron su responsabilidad para indemnizar a infinidad de industrias y comercios afectados no solo por los reiterados cortes en el suministro sino por la afectación en sus equipos de trabajo.
Despojar de manera anticonstitucional de su materia de trabajo al SME generó un problema social que se viene arrastrando desde el narcogobierno de Calderón.
Son miles los hogares de escasos recursos que se han sumado a la movilización social de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) para defenderse de los excesivos cobros en sus recibos de luz. Una y otra vez se ha demostrado mediante estudios técnicos del abuso cometido por los cobros estimados de la CFE.
Todas estas irregularidades no fueron generadas por agremiados del SME sino por personal de empresas privadas y afiliados al SUTERM.
Ahora que se ha corroborado la existencia del Convenio en el Archivo General de Notarias, es momento que las autoridades lo hagan valer en apego al Estado de Derecho.
Revisado el contenido del Convenio aparece el listado de los 125 municipios del Estado de México que quedaron comprendidos en el área de trabajo del SME; dos de Morelos: Huitzilac y Cuernavaca, y otros de Puebla: Ahuazotepec, Huauchinango y Juan Galindo.
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