AUTOR: MARTIN ESPARZA / REVISTA CONTRALÍNEA
Conforme las políticas públicas en materia energética de la Cuarta Transformación van tomando forma, los puntos de coincidencia con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la defensa de las industrias eléctrica y petrolera, convergen en el objetivo de renacionalizar el sector para apuntalar nuestra soberanía nacional y el desarrollo económico del país en beneficio de las mayorías.
El pasado 12 de octubre trabajadores electricistas que se mantuvieron en la resistencia tras el autoritario e ilegal golpe del narcopresidente Felipe Calderón, que decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el 11 de octubre de 2009, y miles de usuarios de la energía eléctrica se dieron cita en la plancha del Zócalo capitalino para entregar en Palacio Nacional una carta de intención para la reinserción laboral de los miembros del SME en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Debe recordarse que sin mediar notificación o juicio alguno, de la noche a la mañana 44 mil electricistas fueron enviados a la calle, pese a que el gobierno siguió empleando las instalaciones de LyFC para que la CFE se hiciera cargo de la prestación del servicio eléctrico en la zona centro del país, negándose a asumir la sustitución patronal.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se aprestó a emitir un laudo que daba por terminadas las relaciones laborales y se dejó en la incertidumbre jurídica a 22 mil jubilados. Calderón no sólo usó la fuerza del Estado para reprimir a un sindicato independiente; además, corrompió al Estado de Derecho y la división de poderes al marcar línea al Congreso y a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte para echar adelante un proyecto privatizador del sector energético, como el mismo Calderón lo acepta en su libro “Decisiones Difíciles”.
Veamos parte de este abuso de poder cometido contra la clase trabajadora y la soberanía del país, y ubiquemos el comentario hecho por el expresidente con referencia al temor de que el SME se fuera a la huelga en 2008 en momentos que Andrés Manuel López Obrador mantenía su denuncia y lucha pacífica por el fraude electoral cometido en su contra en las elecciones presidenciales de 2006.
