La disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha circulado una especie de carta exhorto-amenaza dirigida a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La carta tiene como único propósito impedir el reconocimiento jurídico de la dirección del SME, tomando como referencia algunas declaraciones del Presidente relacionadas con el sindicato. Bajo su lógica, entregar la toma de nota al SME es ir en contra de la voluntad presidencial, desconociendo el marco jurídico institucional que le da legitimidad y legalidad a la dirección sindical electa democráticamente por el voto personal, libre, directo y secreto de los miembros activos de nuestra organización, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y nuestro Estatuto vigente.
La carta rechaza la reciente Consulta de Ratificación del Voto y exige la intervención directa del gobierno federal en la vida interna del SME con el fin de que sean reconocidos como agremiados “todos los electricistas”, incluyendo a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que, en 2009, violentaron los acuerdos de nuestra Asamblea General, se desistieron de las demandas que el sindicato interpuso en su defensa, cobraron su liquidación y abandonaron de facto la vida sindical por más de una década.
Al igual que en otros documentos de la disidencia (Animal Dañero, Almazán, ex secretarios, etc.), se niega la existencia de la lucha de resistencia. Con ello, se oculta la labor disolvente de los grupos de esquiroles y liquidados que, con su labor de zapa al interior del sindicato, facilitaron la materialización del decreto de extinción de 2009. Sin la liquidación de los 28 mil ex trabajadores, el decreto de extinción pudo no consumarse; en sentido inverso, sin la resistencia de los 16,599, trabajadoras y trabajadores que enfrentaron a los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hoy no existiría el SME.
Esa realidad histórica pretende ser omitida por la disidencia. Básicamente por los exdirigentes que en 2009 respaldaron las acciones del gobierno de Felipe Calderón y por quienes estuvieron temporalmente en la resistencia; en ambos casos fueron incapaces de construir una alternativa de lucha y, peor aún, de respetar los acuerdos de la mayoría.
Además de este marco general, la carta expone las siguientes ideas:
1. Las elecciones son fraudulentas porque no pueden participar todos los trabajadores, se realiza una exclusión selectiva en contra de los “líderes más prominentes” de la oposición.
Falso. En todos los procesos electorales realizados en el SME han podido participar los miembros con derecho a votar y ser votados, que son aquellos que forman parte del padrón electoral. La carta asume que los 28 mil liquidados en 2009 siguen siendo parte del sindicato, pese a que desacataron el acuerdo de Asamblea General de no liquidarse y desistieron de la protección y representación jurídica del sindicato con el cobro de sus liquidaciones en las primeras etapas. Los “líderes más prominentes” a los que hace alusión la carta son representantes de esos grupos de liquidados que ya no forman parte del sindicato. En el proceso electoral pueden participan exclusivamente los trabajadores que conforman la resistencia, activos, jubilados y renta vitalicia, pues así lo establecen tanto nuestro Estatuto vigente y la LFT.
2. Martín Esparza eligió quién sería su oposición.
Falso. En el proceso electoral de 2019, el grupo al que pertenecen los firmantes de la carta participó en las elecciones a través de la Planilla 2 “Para Todos Todo”, la cual abiertamente respaldaron e impulsaron argumentando que sería la “opción democrática”, a la que calificaban como una jugada magistral “que no se esperaban los charros”. Al observar la masiva participación de la resistencia y su estrepitosa derrota en las urnas decidieron impugnar el proceso electoral, denunciando un inexistente fraude.
Para el proceso electoral del 2020, una fracción de dicho grupo decidió llamar al abstencionismo para boicotear el proceso electoral, otra parte conformó la Planilla 2 “Dignidad y Democracia”. Al interior de la disidencia no tuvieron consenso y por ello ahora argumentan que Martín Esparza “decidió” quién sería su contendiente, descalificando con ello a sus excompañeros de fórmula, una ruptura que dividió la votación de la Planilla 2.
La estrepitosa derrota de la disidencia en los procesos electorales no solo se debe a sus conflictos internos. Durante años no han logrado consolidarse como una opción al carecer de propuestas viables que convenzan a los trabajadores.
3. La Consulta de Ratificación sobre el sentido del voto para el pasado proceso electoral “no resuelve el problema de origen”.
Al no tener argumentos jurídicos o políticos para rechazar el pasado proceso de consulta (que pese a su campaña de abstencionismo contó con la participación masiva de más de 12 mil compañeras y compañeros), los firmantes de la carta pretenden negar todos los procesos electorales, incluso aquellos en los que participaron, para demandar la intervención del gobierno con el fin de imponer, desde afuera, un proceso electoral en el que participen “todos los ex trabajadores de LyFC”.
4. Hay que “devolverle al SME la democracia”.
La democracia es un método de legitimación práctico, a través del cual se decide el rumbo de la organización, esto sucede en un proceso electoral, de igual forma que en una Asamblea General u otra instancia de consulta y toma de decisiones de nuestros órganos representativos. Decir que el SME no es democrático o que hay que “devolverle la democracia”, es negar el conjunto de decisiones colectivas tomadas autónomamente por nuestra organización. Negar la democracia en el SME es rechazar el rumbo que las y los trabajadores electricistas han definido a través de la lucha de resistencia librada a lo largo de los últimos 11 años en contra de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La democracia en el SME existe como una práctica permanente que queda depositada en la voluntad mayoritaria de los trabajadores que, a través de su voto personal, libre, directo y secreto, deciden el rumbo de la organización. Lo que rompe con dicha voluntad, y es contraria a cualquier práctica democrática, es solicitar -desde la minoría- una intervención del gobierno que anule la libertad sindical consagrada en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
5. La Comisión Electoral y los “funcionarios de casilla” estuvieron bajo el control de Martín Esparza.
Falso. La Comisión Electoral para el proceso electoral 2020-2025 se nombró a través de una Asamblea General convocada expresamente para ello, tal y como lo marcan la LFT y el Estatuto vigente del SME, reformado en 2019 para adecuarse a las disposiciones de la nueva LFT. En dicha asamblea, cualquier compañero o compañera pudo participar, proponiendo integrantes para la Comisión Electoral, descentralizando el proceso que anteriormente era llevado por la Secretaría del Interior, principal argumento en contra del proceso electoral de 2019.
En el SME los “representantes de planilla” son nombrados por las partes contendientes y observan en coordinación con la Comisión Electoral que el proceso se realice de forma correcta. La Comisión Electoral no define quiénes serán los representantes de cada una de las planillas, eso corresponde exclusivamente a las partes contendientes.
6. ¿Cómo demostramos que somos mayoría, si desde el registro ya hay un filtro?
Pregunta retórica que carece de sustento. No pueden demostrar que son mayoría porque no lo son, eso quedó claro en sus raquíticas convocatorias del 26 de septiembre y 11 de octubre pasados, cuando no reunieron ni a 500 personas, la mayoría de las cuales forman parte de grupos de liquidados. Su pregunta es engañosa, solo busca afirmar la falsa idea de una supuesta “exclusión selectiva”.
7. Para la disidencia solo habrá una dirección legal y legítima a través de la intervención del Estado negando la autonomía del sindicato; bajo las siguientes condiciones: 1) un padrón que incluya a todos los electricistas, incluso a quienes abandonaron y/o traicionaron al sindicato, 2) la acreditación de los votantes con cualquier credencial, 3) una sede neutral, es decir, fuera del sindicato, y 4) la participación directa de la autoridad.
a) Enunciado falso. No se puede reconocer a los liquidados de 2009-2010 como miembros activos del SME. Nuestra Asamblea General de Reforma de Estatutos así lo determinó en el año de 2016. Esta reforma está legalmente acreditada por las autoridades laborales. Hay que agregar que dentro de los tiempos jurídicos procesales no fue impugnada por la disidencia.
b) La acreditación de los votantes con credencial vigente forma parte de las modificaciones realizadas a partir de la Reforma Laboral del 1º de mayo de 2019, pese a ello, en el proceso de Consulta de Ratificación se permitió la participación de las y los trabajadores una vez acreditados como miembros del sindicato en el padrón electoral, y con ello, el resultado de este ejercicio fue la ratificación de la pasada elección de junio-julio de 2020.
c) Los procesos electorales se llevan a cabo conforme al Estatuto de la organización, éste determina de forma autónoma dónde, cómo y cuándo se deben realizar las elecciones; su insistencia en la necesidad de una “sede neutral” carece de sentido, forma parte de su discurso retórico en el que reiteradamente se victimizan.
d) El SME ha sido el primero en pedir la observación de las autoridades laborales en los procesos democráticos, de igual forma, los procesos electorales tradicionalmente están abiertos al escrutinio de todas y todos los integrantes de la organización y miembros de organizaciones sociales y sindicales, que son testigos de que las elecciones se realizan a través del voto personal, libre, directo y secreto, apegados a la legislación y al estatuto sindical.
En ese sentido, la actual dirección del sindicato es legal y legítima, representa la voluntad mayoritaria de las y los trabajadores electricistas.
8. Si no se cumple lo anterior no habrá legalidad, no se reconocerá el resultado.
Los firmantes de la carta no aceptarán ningún resultado a menos que sea favorable para ellos.
Los firmantes de la carta reclaman la injerencia del gobierno en la vida interna del sindicato y afirman que a partir de las declaraciones del Ejecutivo han pretendido avanzar en la “unidad”, incluyendo a los grupos de extrabajadores que ya no forman parte de la organización y exdirigentes sin representación.
9. Esgrimen la lucha contra la corrupción en los sindicatos en forma inquisitoria sin legitimización jurídica, su intención es clara: criminalizar a la dirección como argumento para negarnos la toma de nota.
Más allá de sus calumnias y demagógicos discursos, la disidencia no ha probado nada. Las instancias judiciales deben determinar si hubo o no corrupción o algún delito en la negociación realizada entre el SME y el gobierno federal anterior, en ese sentido, si tienen pruebas que las presenten. En el último de los casos sus demandas deberán ser resueltas por las autoridades correspondientes lo que para nada obstruye el otorgamiento de la toma de nota a la dirección democráticamente electa por los trabajadores. Con relación a la corrupción en el caso de la extinción de LyFC no podemos dejar de mencionar que el SME ya tiene demandado al expresidente Felipe Calderón en la Fiscalía General de la República con el número de expediente FED/FECC/FECC-CDMX/ 0000536.
10. “Miles la observan con desconfianza, electricistas, petroleros, telefonistas, magisterio, etc.” Los cinco firmantes de la Carta pretenden representar ilusoriamente al proletariado mexicano y al mismo tiempo pasar por encima de los más de diez mil electricistas que constituyen la voluntad mayoritaria de nuestra organización.
Un vil ataque a la titular de la STPS en el que tratan de amenazar con la “observación de miles de trabajadores” que esperan la llegada de la democracia. En el análisis simplista que caracteriza a los firmantes de la carta, dicen que el proceso electoral del SME y la entrega de la toma de nota están ligados al conjunto del “charrismo”, emparentándonos falsamente con reconocidos gremios corporativos en los que, por cierto, en su cruzada por la democracia, no organizan a los trabajadores; para ellos es mucho más fácil exigir la intervención del Estado en un sindicato democrático donde son minoría. Respecto al tema de la toma de nota en el caso del SME, después de los contundentes resultados de la Consulta de Ratificación en la que el voto personal, libre, directo y secreto fue impecable, la resolución de la autoridad debe estar apegada al derecho y no a simplificaciones o amenazas de la disidencia. ¿Cuándo se ha escuchado, de quién con autenticidad se asume como un sindicalista democrático, exigir la intervención del gobierno en un sindicato democrático con la clara intención de pisotear el Convenio 87 de Libertad Sindical de la OIT?
En síntesis, en la carta de la disidencia no hay un solo argumento jurídico, sino un exhorto-amenaza en contra de la titular de la STPS, con el vil chantaje, de que reconocer a la dirección del SME, sería tanto como ir en contra de la voluntad presidencial. ¿Habíase visto tal cosa?
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS.
SUB COMITÉS DIVISIONALES Y COMISIÓN DE TRABAJO.
CDMX a 26 de noviembre de 2020.
Responsable de la publicación C. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior.
