El Poder Judicial de la Federación emitió la semana pasada un par de resoluciones letales para lo que queda del Sindicato Mexicano de Electricistas.
La primera, del Quinto Tribunal Colegiado en materia laboral, negó en definitiva el amparo que solicitó Martín Esparza contra el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que anuló las elecciones internas en que buscó su segunda reelección como secretario general.
Con esto, el dirigente queda fuera de cualquier posibilidad de ostentar la representación legal del SME.
La segunda fue de un juzgado federal, negando en definitiva el amparo promovido por el sindicato contra la desaparición de Luz y Fuerza, argumentando que los trabajadores no tienen derecho, para conservar el empleo, a que siga subsistiendo un organismo cuya operación perjudica las finanzas públicas.
Al SME, pues, le queda un último recurso judicial: el de revisión que promovió y debiera resolver un Tribunal Colegiado pero que, a petición del procurador general de la República, la Suprema Corte viene analizando para dar un fallo definitivo e inapelable.
Uno de los razonamientos que se plantearán los ministros en este último paso del pleito legal fue anticipado el viernes reciente, en la sentencia con la negativa de amparo que emitió la jueza Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región:
“Al ponderar los derechos constitucionales que defienden los quejosos frente a los intereses colectivos, como son la prestación de un servicio público de un área prioritaria para la economía y desarrollo, se arribó a la conclusión de que los primeros, por referirse a derechos individuales, deben ceder frente a los derechos de la nación en su conjunto”.
Ello sobre todo, agregó, porque mediante el decreto, “en la medida necesaria para salvaguardar la debida prestación del servicio público de energía eléctrica, se garantizan los derechos de los trabajadores derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo”.
Y es que “los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado, cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas, siga subsistiendo, con el propósito de que conserven su fuente de empleo…”.
La Suprema Corte valorará también que el costo de prestaciones brutas, aportación al ahorro y aguinaldo de los trabajadores activos y jubilados se incrementó en más de 55 por ciento en sólo cuatro años; que en 2016, el subsidio federal para la operación de LFC aumentaría en 49.8 por ciento; que en 2013 el pasivo igualaría al activo, y que mientras en 2004 había 38 mil 223 sindicalizados, en agosto de 2009 eran 43 mil 720, lo que representó un alza de 51 por ciento en la nómina.
Frente a estas cifras, el agotamiento de las vías legales y la esperanza de que la Corte revierta el marcador, Esparza y sus seguidores continúan alentando la huelga de hambre que empezaron casi cien voluntarios y tiene ahora menos de 20 ayunantes…
La primera, del Quinto Tribunal Colegiado en materia laboral, negó en definitiva el amparo que solicitó Martín Esparza contra el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que anuló las elecciones internas en que buscó su segunda reelección como secretario general.
Con esto, el dirigente queda fuera de cualquier posibilidad de ostentar la representación legal del SME.
La segunda fue de un juzgado federal, negando en definitiva el amparo promovido por el sindicato contra la desaparición de Luz y Fuerza, argumentando que los trabajadores no tienen derecho, para conservar el empleo, a que siga subsistiendo un organismo cuya operación perjudica las finanzas públicas.
Al SME, pues, le queda un último recurso judicial: el de revisión que promovió y debiera resolver un Tribunal Colegiado pero que, a petición del procurador general de la República, la Suprema Corte viene analizando para dar un fallo definitivo e inapelable.
Uno de los razonamientos que se plantearán los ministros en este último paso del pleito legal fue anticipado el viernes reciente, en la sentencia con la negativa de amparo que emitió la jueza Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región:
“Al ponderar los derechos constitucionales que defienden los quejosos frente a los intereses colectivos, como son la prestación de un servicio público de un área prioritaria para la economía y desarrollo, se arribó a la conclusión de que los primeros, por referirse a derechos individuales, deben ceder frente a los derechos de la nación en su conjunto”.
Ello sobre todo, agregó, porque mediante el decreto, “en la medida necesaria para salvaguardar la debida prestación del servicio público de energía eléctrica, se garantizan los derechos de los trabajadores derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo”.
Y es que “los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado, cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas, siga subsistiendo, con el propósito de que conserven su fuente de empleo…”.
La Suprema Corte valorará también que el costo de prestaciones brutas, aportación al ahorro y aguinaldo de los trabajadores activos y jubilados se incrementó en más de 55 por ciento en sólo cuatro años; que en 2016, el subsidio federal para la operación de LFC aumentaría en 49.8 por ciento; que en 2013 el pasivo igualaría al activo, y que mientras en 2004 había 38 mil 223 sindicalizados, en agosto de 2009 eran 43 mil 720, lo que representó un alza de 51 por ciento en la nómina.
Frente a estas cifras, el agotamiento de las vías legales y la esperanza de que la Corte revierta el marcador, Esparza y sus seguidores continúan alentando la huelga de hambre que empezaron casi cien voluntarios y tiene ahora menos de 20 ayunantes…
