Alberto Barranco
En abierto desafío a una resolución de la Suprema Corte que declaró contraria a la Constitución la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992 por la entonces aplanadora priísta, está creciendo una oferta de energía eléctrica paralela a la de la Comisión Federal de Electricidad
Del tamaño de la ilegalidad que vuelve en los hechos letra muerta la exclusividad para el Estado reclamada en los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, habla el que la energía producida y distribuida por instancias privadas alcanza ya el 76.28 por ciento del potencial de la paraestatal.
Dicho con todos los números, mientras ésta mantiene un nivel de 39 mil 265 megawatts, la oferta paralela llega a 27 mil 755.
Sin molestarse, pues, en modificar la Constitución, ya ve que a veces los señores integrantes del Congreso se vuelven rejegos, el gobierno ha privatizado de facto la energía eléctrica.
De hecho, ya ni quien se acuerde de lanzar al menos un cohete el 27 de septiembre, en la conmemoración de aquel 1961 en que el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria.
En la práctica, la Comisión Federal de Electricidad ha perdido el 85 por ciento de sus clientes de élite, es decir los grandes corporativos.
En la lista de quienes han dejado de recibir los tradicionalmente abusivos recibos de la paraestatal están la totalidad de las empresas cementeras, léase Cementos Mexicanos, Holcim-Apasco, Cementos Chihuahua…; los consorcios industriales como Alfa, Femsa, Cervecería Modelo, Kimberly Clark, Procter & Gamble, Sabritas; las cadenas de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro y Liverpool; las mineras como Peñoles y Autlán; las cadenas de autoservicio como Wal Mart; las firmas de servicios como Teléfonos de México…
De acuerdo al ordenamiento empujado por el gobierno salinista para reducir el poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad y entonces aún de Luz y Fuerza del Centro, en favor de la causa privada, se integraron varias opciones de generación privada.
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