El gobierno mexicano ha desarrollado una política violatoria de los mínimos derechos humanos y laborales de los ciudadanos y promovido la violencia y exclusión, se estableció ayer en la sesión que llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos (capítulo México) en la sede del Sindicato de Telefonistas. En este foro el obispo Raúl Vera criticó la política mantenida por el gobierno de Felipe Calderón, en contra de la clase trabajadora.
En ese contexto se presentaron los casos de los trabajadores de Atento (call center), Mexicana de Aviación, el Conalep, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, y los jubilados ferrocarrileros. Este viernes el tribunal tocará los casos de Pasta de Conchos, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, entre otros.
El obispo Raúl Vera señaló que México ha dado pasos atrás en lo que se refiere a derechos laborales. Los trabajadores, los ciudadanos, han padecido sistemática violencia laboral, por el desempleo agravado con los salarios de miseria, la inseguridad y la crisis económica.
El pronunciamiento dado a conocer en esta sesión señala que “México está sumido en una profunda crisis política, económica y social, que se muestra de diversas maneras. Una de ellas es la guerra absurda llevada por el gobierno, la que ha dejado más de 60 mil muertos; la economía paralizada, 37 millones de trabajadores informales, 52 millones de seres humanos sumidos en la pobreza, desapariciones forzadas, migración, violencia generalizada, impunidad e injusticia”.
Ante este panorama adverso generado por la política neoliberal del Estado mexicano, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abrió su capítulo México, para exhibir los diversos procesos y políticas que han colocado a los trabajadores en esta crítica situación.
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