Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por incumplimiento de un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que documenta ahora Proceso. Según él, la maraña de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.
Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República en favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación además hay indicios de lavado de dinero.
Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGO, Jiramos y GM Global, así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos del Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.
