En un gobierno bien constituido las leyes se ordenan según el bien público y no según la ambición de unos cuantos
Maquiavelo
Durante nuestra comparecencia en la Comisión del Trabajo del Senado de la República el pasado 11 de octubre, justo a tres años de perpetrado el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dejamos bien establecida nuestra posición en contra de la Reforma Laboral impulsada por Calderón y exigimos a los senadores no ser serviles ante los empresarios; y menos, aplaudidores de las decisiones que en contra del pueblo de México ha tomado el Ejecutivo durante su sexenio.
Miles de trabajadores y miles de jóvenes han salido a las calles en todo el país para manifestar su rechazo a una contrarreforma que pretende cancelar el futuro laboral y económico de las nuevas generaciones, al privarlas de los beneficios de la seguridad social contenidos en el Artículo 123 constitucional. Insistimos a los miembros de la Cámara de Senadores que si quieren debatir una iniciativa de tales implicaciones sociales lo hagan de cara a los principales interesados, pero no, como es su costumbre, por la puerta trasera.
El descontento social que priva por doquier no es, como suponen los cortesanos oficialistas de Calderón, producto de complots o estrategias políticas. Los tiempos electorales ya quedaron atrás. Y que no se equivoquen: el pueblo es paciente pero no ingenuo; y sabe lo que implicará para su precario nivel de vida que se dé luz verde a un atentado social de tal naturaleza en el Congreso de la Unión: más pobreza y miseria.
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