Martín Esparza Flores
Si los legisladores del PRI que levantaron la mano para aprobar la contrarreforma laboral pensaron que sus correligionarios se iban a cruzar de brazos, están muy equivocados; la insurrección de los militantes del tricolor en su contra ya se está gestando y con sobradas razones pues nadie, con dos milésimas de sentido común, puede aceptar que tal agresión a los trabajadores y a los sindicatos sea aprobada por quienes, en sus documentos básicos, dicen ser defensores del pueblo.
Si analizamos lo que establecen los principios ideológicos del PRI, que regresará a Los Pinos el próximo diciembre, podemos observar que en su capítulo III, donde se establece su “Compromiso con la Igualdad y los Derechos Sociales”, en su punto 72, señala: “El mayor reto que tenemos los mexicanos como nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo”.
En el punto 73, se dice: “En el PRI, ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas”.
Y en su punto 75, dejan establecido: “Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida”.
