Hace poco más de seis años, a Humberto Moreira se le acusó de operar la maquinaria electoral del magisterio elbista a favor del candidato del PAN Felipe Calderón; como gobernador de Coahuila, osciló entre la crítica acerba y la adulación al presidente. Tras el asesinato de su hijo José Eduardo por presuntos sicarios del narco, el fugaz dirigente del PRI presentó la segunda denuncia en la Corte Penal Internacional contra el exaliado de Elba Esther Gordillo por crímenes de guerra. De esta forma, Calderón se encuentra entre dos fuegos: los señalamientos de miles de ciudadanos y el de un grupo de políticos influyentes.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al desplegar a las Fuerzas Armadas en todo el país para combatir al narco sin seguir los mecanismos constitucionales, Felipe Calderón Hinojosa desató una guerra interna que se convirtió en eje rector de la política nacional durante su gobierno, por lo que el hoy expresidente debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), establece Humberto Moreira Valdés en la denuncia que interpuso ante ese organismo.
Quien fue gobernador de Coahuila y dirigente nacional del PRI, añade que la inconstitucionalidad fue un escollo para que las Fuerzas Armadas combatieran a “los enemigos del Estado”, provocando abusos y violaciones a los derechos humanos, aun contra personas ajenas a los narcos y al “conflicto bélico que prevalece en el territorio nacional”.
Las consecuencias que enumera el documento tienen como fuente informes oficiales y reportes periodísticos: entre 50 mil y 150 mil muertos, al menos un millar de niños asesinados, unos 230 mil desplazados, la desaparición forzada de unas 3 mil personas, cerca de 5 mil denuncias por torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por militares o marinos que, además, incurrieron en desapariciones forzadas.
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MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al desplegar a las Fuerzas Armadas en todo el país para combatir al narco sin seguir los mecanismos constitucionales, Felipe Calderón Hinojosa desató una guerra interna que se convirtió en eje rector de la política nacional durante su gobierno, por lo que el hoy expresidente debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), establece Humberto Moreira Valdés en la denuncia que interpuso ante ese organismo.
Quien fue gobernador de Coahuila y dirigente nacional del PRI, añade que la inconstitucionalidad fue un escollo para que las Fuerzas Armadas combatieran a “los enemigos del Estado”, provocando abusos y violaciones a los derechos humanos, aun contra personas ajenas a los narcos y al “conflicto bélico que prevalece en el territorio nacional”.
Las consecuencias que enumera el documento tienen como fuente informes oficiales y reportes periodísticos: entre 50 mil y 150 mil muertos, al menos un millar de niños asesinados, unos 230 mil desplazados, la desaparición forzada de unas 3 mil personas, cerca de 5 mil denuncias por torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por militares o marinos que, además, incurrieron en desapariciones forzadas.
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