Estándares de eficiencia no fueron los esperados
Martín Esparza Flores
Si a los ministros de la Suprema Corte les queda alguna duda sobre los inexistentes argumentos esgrimidos por el gobierno de Felipe Calderón para justificar su Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre del 2009, entre los que se ponderaron el bien público y de la economía nacional, harían bien en revisar el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la CFE.
El documento, cuyo contenido no obstante ser una matizada apología de los supuestos logros de la entidad, revela de manera clara los objetivos de la estrategia contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND) del expresidente, en el área del sector eléctrico nacional y en la que se establecen, entre otros, dos factores que echan por tierra las supuestas “bondades” que conllevaría, para las finanzas del país y la economía familiar de la población, la autoritaria medida que, además de ilegal, se planeó de manera irresponsable y contraria a los intereses nacionales.
El primero, y que ahora explica el porqué millones de usuarios de escasos recursos en el territorio nacional pagan de sus bolsillos las consecuencias de una silenciosa política privatizadora del sector, reflejada en los altos cobros en sus recibos de electricidad, deja establecido en el informe: “La política tarifaria se enfocó al fortalecimiento financiero de la entidad a través de estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo real del suministro eléctrico”.
La premisa del “bien público” con la que se engañó al país en octubre del 2009, cuando Calderón Hinojosa anunció una reducción en las tarifas eléctricas, nunca estuvo contemplada, como lo demuestran los reportes del fin de sexenio de la CFE. La paraestatal establece además en sus documentos:
