México, DF. “Esto es una agonía”, resume Silvia Rosales, esposa del electricista Hugo Medina Rodríguez, al hablar del proceso legal que llevan su esposo y nueve sindicalistas más en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Se prevé que la resolución del caso, que está en fase de conclusiones, llegue en enero de 2013, casi dos años después de que fueron apresados.
El proceso, lleno de retrasos y costos económicos y afectivos para las familias, inició el 11 de abril de 2011, cuando 11 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron detenidos en una concentración para protestar por la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, que acabó en una golpiza y quema de autos, atribuidas a los sindicalistas por las autoridades.
“Hugo llegaba apenas a la concentración cuando ya había autos quemados y golpes; él se quedó parado y lo agarraron”, relata su esposa, “nosotros no estábamos haciendo nada, hasta estábamos echándonos un cigarrito con los policías, pero llegó otro agrupamiento de policías a madrearnos”, recuerda un smeíta que estuvo presente ese día. “Los policías le pegaron parejo a los compañeros, hombres, mujeres y niños. Era un ataque preparado y lo que hicimos fueron algunas barricadas, pero venían ya unos diez camiones y no pudimos hacer nada”.
“Nosotros ya aprendimos que no hay justicia”
El proceso legal ha sido lento, “lleno de excusas y retrasos; suspenden audiencias porque no llegan los policías ni los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que declaren; o como nuestros compañeros deben declarar en el Reclusorio Norte, dicen que se les olvida trasladarlos, o los llevan muy tarde y ya no se hace”, señala Silvia. Las acusaciones que pesan sobre los diez presos son motín, daños en propiedad privada, robo agravado y pandillerismo, que son delitos federales. Un aprehendido más, Gabriel Blas, de 72 años, fue liberado debido a su estado de salud.
