Julio Boltvinik / Opinión / La Jornada
El artículo transitorio (T) 11° de la reforma energética (RE) es
insólito:
“…el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto”.
No es obvio, como creen, que esta apertura total a la privatización de la infraestructura para
prestar el servicio público de transmisiónpuede ser compatible con lo dispuesto el en párrafo 6° reformado del Art.27, que dice: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones…” Más o menos lo que se colige es que Iberdrola (por dar un ejemplo de transnacional eléctrica) construirá y operará infraestructura de transmisión y distribución eléctrica en México, pero todos simularemos, como con el traje del emperador desnudo, que es CFE la que está prestando el servicio público de transmisión y distribución. Como sólo puede haber una red nacional de transmisión y distribución de electricidad, puesto que es una especie de monopolio natural, no se pudo hacer lo que se proponen hacer con la gasolina: la presencia de varias empresas con su propia red de gasolineras. Entonces, lo que por naturaleza es un monopolio público, se privatiza en pedacitos. Y claro, CFE tendrá que pagarle a Iberdrola por sus servicios de transmisión y distribución. Iberdrola no tendrá que lidiar con consumidores morosos o con protestas por las tarifas. Todo eso lo asumirá CFE. Iberdrola tendrá que cobrarle a un cliente único: CFE. Los ingresos gordos serán para Iberdrola (y las demás transnacionales que le entren) y para los funcionarios que tendrán que otorgar dichos contratos.
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