Martín Esparza Flores / Revista siempre
-II-
Requisito primario para la consumación de las reformas estructurales impuestas unilateralmente al pueblo de México, la reforma laboral demostró no ser la fórmula mágica para crear el millón de empleos anuales prometidos a inicios de la actual administración.
Desde el periodo de transición, tanto panistas como priistas bregaron para que la propuesta fuera aprobada en el Congreso antes del primero de diciembre de 2013 en que se verificó el cambio de poderes; de manera insólita voces del sector obrero del PRI que años atrás la habían desechado terminaron por sumarse a su favor, conscientes del retroceso que ésta implicaba para los derechos laborales de millones de trabajadores, e incluso para la existencia misma de sus sindicatos corporativos.
La tesis central fue siempre que se generarían al año un millón de empleos estables y bien remunerados; sin embargo, al revisar las cifras de organismos como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el IMSS, el panorama muestra todo lo contrario: al último trimestre del 2013, dictan los análisis del INEGI, 2 millones 600 mil mexicanos en edad productiva se encontraban en situación de desempleo y al cierre de diciembre pasado, reportaba el IMSS apenas 463 mil nuevas afiliaciones contra 711 mil de 2012. Mientras que 29 millones de mexicanos subsisten en la informalidad.
El Centro de Análisis Multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reportaba que de diciembre de 2012 a mayo de 2013 se habían perdido en el país unos 220 mil empleos, situación que no ha pasado inadvertida a la lupa de organismos internacionales como el Foro Económico Mundial (WEF), que situó a México en el lugar 113, en cuanto a generador de empleos, de un total de 148 países, al descender doce sitios en relación con 2012 en que se le ubicó en la posición 102.
Ahora queda al descubierto que la reforma laboral no era más que la punta de lanza del paquete de modificaciones constitucionales impuestas a la clase política en el poder por los organismos internacionales.
El pago por hora, los contratos de prueba y la legalización de las outsourcings no son más que mecanismos a favor de los empresarios para emplear y despedir con toda libertad a sus trabajadores, buscando desaparecer la contratación colectiva.
Minar los instrumentos legales de defensa de millones de trabajadores fue la razón de fondo para la aprobación de la reforma laboral que en nada les ha beneficiado y a la que ahora, subrepticiamente, la Secretaría del Trabajo solicita a la OIT que le practique una revisión técnica que permita conocer los puntos en que se puedan modificar sus arbitrarias modificaciones.
Los trabajadores deben rescatar la memoria histórica de sus luchas para que mediante la fundación de organismos como la Nueva Central de Trabajadores, a constituirse los días 22 y 23 de febrero, retomen la defensa de sus derechos, ahora mutilados por la embestida neoliberal.
