Reforma en telecomunicaciones
Martín Esparza Flores / Revista Siempre
El retrato hablado de lo que se prometió sería una reforma a favor de la sociedad y sus libertades democráticas, acotando el desmedido poder adquirido en décadas por los monopolios de las telecomunicaciones en el país, se transfiguró en la fase de parto de las leyes secundarias en una amenazante mutación con injertos nazistas, tendiente a conculcar no sólo el derecho a la libre expresión y la privacidad de millones de mexicanos, a través de la regulación y censura de los contenidos de Internet, dotando al gobierno, por añadidura, de facultades para la cancelación de cualquier medio que emita informaciones que a su juicio no deban ser difundidas.
Y pese a que antes de entrar a la etapa final de alumbramiento se anunció que la “deforme criatura” había sufrido una anticipada cirugía reconstructiva para limarle, en lo posible, sus aterradoras uñas y dientes con las que haría añicos los derechos humanos de los casi 40 millones de internautas del país, el trasfondo para poner a salvo los intereses de los poderos fácticos, se mantuvo intocable.
Al reverso de la moneda acuñada por la intolerancia, hay otra cara muy distinta y que sonriente otorga toda clase de prebendas a empresas como Televisa que a pesar de haber sido dictaminada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como agente económico preponderante en el área de la radiodifusión, se le exime de tal categoría en la rama de la televisión restringida o de paga, pese a controlar ya más del 51 por ciento del mercado de los usuarios a nivel nacional, gracias a los cabildeos realizados por los altos directivos del monopolio televisivo con la ayuda de su incondicional amanuense en el Senado, Javier Lozano Alarcón, actual presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo, quien a través de la adecuación a los artículos 264 y 276 de la iniciativa, abrió las puertas para que el poderoso consorcio prácticamente se apropie del sector, acrecentando así su presencia y naturaleza monopólica. Todo lo contrario a lo prometido durante el anuncio de la reforma, en 2013.
