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Distrito Federal– Llegó el Sábado de Gloria, pero no la legislación secundaria de la Reforma Energética que, en el calendario oficial dispuesto por el Congreso, marca el 19 de abril como el plazo para aprobar las leyes reglamentarias de la que para muchos es el cambio más ambicioso propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto en su primer año y cinco meses de sexenio. Pero si los legisladores no tienen prisa –por estos días siguen de vacaciones–, en Los Pinos tampoco muestran urgencia.A la fecha no ha remitido a la Cámara Alta ni a la Cámara Baja la iniciativa de Ley Secundaria de la Reforma Energética, por lo que la prisa que mostraron los priístas y el Jefe del Ejecutivo federal para aprobar esa reforma –que en el papel cambiará por completo las formas de operar de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– no se corresponde ahora con la lentitud y serenidad que muestran los actores políticos involucrados.
El pasado 10 de abril, los diputados terminaron una última sesión, antes de tomarse 11 días de vacaciones, por la Semana Santa, y regresarán a San Lázaro hasta el próximo martes 22 de abril. En el inter, el Partido Acción Nacional (PAN) puso una condición: aprobar en su totalidad las leyes secundarias de la Reforma de Telecomunicaciones y luego las de la Energética, y esa negociación se mantiene en la mesa sin que hasta ahora se tenga claridad de qué rumbo tomará.
De hecho, en el inter, surgió incluso un grupo, el Frente por la Comunicación Democrática, liderado por el Senador panista Javier Corral Jurado; el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el poeta y activista Javier Sicilia Zardain, para combatir las leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión que propone Peña Nieto, lo que sin duda pondrá nuevas piedras en el camino para discutir, afinar y aprobar las 14 nuevas reglas sobre las que se moverá en los próximos años el sector energético mexicano.
El próximo 26 de abril, este frente medirá qué tanto poder de convocatoria tiene en la ciudadanía, particularmente la de la capital del país, tras convocar a una cadena humana que pretende abarcar de Los Pinos a las instalaciones de Televisa, en la avenida Chapultepec.
En este contexto, la izquierda continúa haciendo esfuerzos, desde diversos frentes y por separado, para frenar los siguientes pasos de la Reforma Energética y colocar el tema de la Consulta Popular como una condición básica.
El Partido de la Revolución Democrática, que dirige Jesús Zambrano Grijalva, y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López Obrador, insisten en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no rechazó que se haga una Consulta Popular sino sólo no se pronunció sobre el asunto, por lo que esa demanda y el proceso para lograr su aprobación sigue en marcha.
El caso es que el marco jurídico para la Reforma Energética, la más ambiciosa de la actual administración federal, ya incumplió su primera meta y el contexto político hace prever que se alargará aún más.
Esto no hará sino retrasar las inversiones previstas y presumidas incluso a nivel internacional por el propio Presidente Enrique Peña Nieto, pues los inversionistas están a la espera de conocer esa legislación para decidir si entran o no a ese mercado.
El retraso, además, impactará negativamente a la economía, ya de por sí alicaída ante la falta de gasto e inversión pública, la debilidad en la promoción del empleo, el bajo consumo, etcétera.
Para colmo y como se percibe el panorama, si los legisladores envían la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética hasta un nuevo periodo ordinario (que es el que abarca de septiembre a diciembre) el ambiente político, debido a la cercanía de las elecciones intermedias de 2015, contaminaría aún más este tema.
Ya se incumplió el primer paso, pero frente a las negociaciones políticas las nuevas reglas para el sector energético mexicano no tendrán un camino sencillo… y entre más tarden en llegar, mayor será la incertidumbre sobre el supuesto éxito del gobierno federal para lograr cambiar a México.
