Revista Contralínea / Martín Esparza.
El propósito de desmantelar la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y nuestros recursos naturales se ha consumado en una de las más arteras traiciones a la patria. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México que sellaron el monumental atraco a la nación muy pronto deberán responder antes millones de mexicanos por la abrumadora demagogia con que defendieron desde la tribuna los intereses de las voraces multinacionales, a las que en aras de la “utilidad pública” se les entregará el país entero para devastarlo.
Con la aprobación de las leyes secundarias, el petróleo y la electricidad han dejado de ser parte estratégica del desarrollo nacional por obra y gracia de un puñado de apátridas que en la peor de las bajezas ni siquiera leyeron ni se enteraron a detalle sobre lo que aprobaron en un grotesco y ominoso mayoriteo, retornando a los añosos tiempos del vasallaje.
De la mano, priístas, panistas y verdeecologistas cayeron una y otra vez en sus propias contradicciones históricas e ideológicas, como cuando desde la tribuna la senadora Cristina Díaz pidió dejar atrás “los cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado”. Pero hizo mutis, como el resto de sus compañeros de bancada y sus ignominiosos aliados, cuando el perredista Alejandro Encinas invocó extractos de la Ley del Petróleo expedida en 1901 por el dictador Porfirio Díaz, en la que, cual si se tratara de una copia al carbón de lo ahora contemplado en las leyes secundarias, se ofrecían a las compañías extranjeras todo tipo de facilidades para despojar de sus tierras a comunidades indígenas y campesinas, facilitando sus labores de explotación.
De tales “cascarones”, los ejecutores priístas del atraco nacional prefirieron negar su propio origen ideológico ahora pintado de azul por su afinidad de complicidades e intereses mutuos con la gente de Acción Nacional, cuyos fundadores buscaron dinamitar la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas en 1938. Quién diría que ahora, en la nueva “visión de vanguardia” y acomodaticia de la reforma energética del siglo XXI, irían de la mano en la entrega de los recursos energéticos a las trasnacionales, arrasando, como don Porfirio, con la propiedad social de millones de mexicanos. Eso sí, se dicen dispuestos a asumir los “costos políticos”. Y vaya que los habrá.
Al decir de los ejecutores del despojo que se avecina contra indígenas y campesinos basta con cambiar el término “expropiación” por el de “ocupación temporal” para desaparecer los riesgos que los proyectos de las trasnacionales implicarán en la certidumbre de la tenencia de la tierra; la nueva terminología jurídica no evita el riesgo al que se enfrentarán en el país un promedio de 19 mil ejidos y comunidades indígenas cuyas poblaciones amenazan con ser devastadas en su modo de vida por los consorcios petroleros y eléctricos que tendrán luz verde del gobierno en turno, gracias a las leyes secundarias, aprobadas a modo, por el sumiso Congreso de la Unión.
