Por Martín Esparza Flores / Revista Siempre
Apenas trascendió la propuesta emanada del Congreso Nacional Indígena (CNI), con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de lanzar como candidata a la Presidencia en 2018 a una mujer indígena, apareció en los partidos el resquemor de que alguien ajeno a los tradicionales intereses de las cúpulas políticas y los grupos fácticos pueda convertirse en la legítima bandera de lucha de millones de mexicanos hastiados de llevar a los cargos de elección a personajes que han dejado de representarlos.
Los hechos y sus nexos con grupos empresariales y de poder han desdibujado el aparente rol de defensores sociales que en campaña predicaron muchos de los llamados candidatos independientes. A poco de haber tomado las riendas de sus respectivos gobiernos han terminado por desencantar a sus miles de seguidores que ahora se enteran de que de “independientes” solo tuvieron el eslogan, pues han surgido en sus gabinetes personajes que representan el cobro de facturas, dejando relegados sus compromisos por devolver la tranquilidad y el bienestar social a los ciudadanos.
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