Los buenos deseos de generar energía eléctrica limpia y económica en beneficios de los consumidores y los sectores productivos, plasmados en la reforma energética, se están derrumbando ante la cercana liberación de precios y tarifas que las leyes secundarias dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); este último, encargado de regular el funcionamiento del mercado mayorista que dará servicio a los usuarios calificados.
Al agotarse los tiempos para iniciar la operación de los cambios anunciados aparece en la escena de los desencantos otro de los factores que terminará de echar por tierra la promesa oficial de una baja en las tarifas de los consumidores domésticos y que, seguramente, se ha ido aplazando por lo complicado del escenario electoral del presente año, sobre todo en el Estado de México, y la elección presidencial de 2018.
Esto es el fin de los subsidios que impactará a la frágil economía de los que menos tienen y que nuestros flamantes legisladores se encargaron de borrar en el texto del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cuyo contenido se lee:
“La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.
