WASHINGTON (AP) — Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusaron ante el Departamento estadounidense del Trabajo al gobierno mexicano de violar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos al no proteger debidamente los derechos laborales, anunció el lunes la central sindical estadounidense AFL-CIO.
La denuncia busca restablecer los derechos laborales de miles de integrantes del SEM que fueron despedidos por una orden del ejecutivo, y cuenta con el respaldo de casi 100 sindicatos mexicanos e internacionales, informó AFL-CIO en un comunicado de prensa.
El gobierno mexicano ordenó en 2009 el cierre de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro, que suministraba electricidad a 25 millones de clientes en la capital y zonas de cuatro estados centrales.
El presidente Felipe Calderón ha defendido la medida con el argumento de que aumentar las tarifas eléctricas o los impuestos para compensar las pérdidas económicas de la empresa habría sido "injusto".
El documento solicita a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales (OTLA por sus siglas en inglés y adscrita al Departamento del Trabajo) la redacción de un informe que recomiende al Departamento de Trabajo la celebración de consultas ministeriales con su homólogo mexicano sobre la posible violación mexicana del acuerdo norteamericano de cooperación laboral (NAALC por sus siglas en inglés), firmado por los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro canadiense como uno de los acuerdos suplementarios al tratado trilateral de libre comercio vigente desde 1994.
El documento sugiere que si el gobierno mexicano ha corregido la situación tras las consultas ministeriales, se proceda con un trámite de arbitraje y sanciones contempladas en el NAALC.
The Associated Press envió un correo electrónico a la embajada mexicana solicitando algún pronunciamiento, pero no obtuvo de inmediato una respuesta.
Cathy Feingold, Directora Internacional de AFL-CIO, dijo que esta es la segunda denuncia de violación a NAALC interpuesta ante OTLA.
AFL-CIO presentó la primera el mes pasado en Ciudad de México contra Estados Unidos, alegando que no protege debidamente a ciudadanos mexicanos portadores de visas de trabajo HB-1.
