Tanta ha sido la dedicación de los gobiernos neoliberales para consolidar la privatización del sector eléctrico nacional, que de plano se les pasó la mano: no sólo han pisoteado el mandato constitucional en la materia, sino que es tal el número de contratos firmados y los compromisos adquiridos con las trasnacionales del ramo, que a estas alturas México reporta un exceso de capacidad de generación eléctrica, motivado principalmente por una estimación demasiado optimista del crecimiento de la demanda en los primeros años del siglo, que generó una elevada entrada de capital privado para ese segmento. Abrieron de más y, junto con el raquitismo económico que de tiempo atrás se observa, el país registra una capacidad ociosa de 33 por ciento en generación eléctrica, en demérito de la empresa del Estado, la CFE y, desde luego, de los bolsillos de los consumidores.
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