Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además de la irregular cesión, también hay un trasfondo que no se ha aclarado, como es el desmantelamiento, o mejor dicho, desvalijamiento de la infraestructura, con que al menos en la zona Centro del país contaba la red del sistema eléctrico, muy independiente al robo cometido tras la ilegal desaparición de LFC en octubre de 2009 –en sus diversas instalaciones y centros de trabajo– de equipo, mobiliario y otros enseres, del cual nada ha reportado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).
Como lo ha venido denunciando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), las empresas contratistas que obtuvieron convenios de trabajo con la CFE en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza, se dieron a la tarea de cambiar, con el aval de los funcionarios de la paraestatal, el conductor de cobre en las redes de distribución para instalar en su lugar un conductor de aluminio.
