De los dichos a los hechos
Martín Esparza Flores / Revista Siempre
Luego de los estropicios cometidos por los ministros de la Corte en enero pasado tras los ambivalentes fallos de Florence Cassez y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el presidente Enrique Peña Nieto anunció con fanfarrias, el pasado 3 de abril, la entrada en vigor de la Nueva Ley de Amparo que, a decir de los integrantes del alto tribunal, ampliará la esfera de protección de los derechos humanos en el ámbito del Poder Judicial de la Federación.
La nueva ley puede ser la panacea, según admiten expertos juristas, el problema de fondo es y seguirá siendo la probidad ética y moral de quienes sean los encargados de ejecutarla porque, como el país lo ha atestiguado, no puede confiarse la correcta aplicación del derecho a funcionarios judiciales que carecen de un alto sentido de responsabilidad y honorabilidad, más propensos a los reflectores, a la vida palaciega y a la rimbombante declaración pública, que a la ejecución pulcra y sin consiga de los ordenamientos constitucionales.
Hace unos meses y mientras se esperaba la aprobación final del reglamento de la flamante ley, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló enfático que el Poder Judicial estaba preparado para aplicar la reforma en materia de amparo “aunque la ley reglamentaria esté detenida en el Congreso”. Y casi en una función de prócer de la justicia, expresó: “esta nueva Ley de Amparo, junto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, forman un sistema integral para el desarrollo y la protección de los derechos fundamentales que sin duda necesitaba México”.
Leer nota completa
