Todo parece indicar que un caso más de corrupción y abuso de poder en el gobierno federal quedará impune, con un consecuente daño a las finanzas públicas de hasta 44.3 millones de dólares (unos 558.5 millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar).
Igual como sucedió en los 12 años de las administraciones federales panistas, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su director general, el priísta Francisco Rojas Gutiérrez, ha hecho poco o casi nada para impedir que en la segunda empresa más importante del Estado un grupo de servidores públicos, coludidos con empresas privadas, defrauden a esa paraestatal sin pagar las consecuencias.
Uno de esos casos es el contrato FAGP-001/2009 firmado en enero de 2010 entre la CFE y la empresa intermediaria FGG Enterprises LCC, para la compra de tres turbinas que servirían para mejorar la operación de la Central (termosolar) de Agua Prieta II, ubicada en Sonora.
De acuerdo con el informe del Área de Auditoría Interna del Órgano de Control de la CFE, elaborado en 2012 y bajo reserva por 3 años, la CFE pagó 32 millones de dólares como “adelanto” para dicha adquisición y hasta la fecha no ha recibido los turbogeneradores de gas y de vapor, los cuales aún se encuentran en los talleres de la compañía Mitsubishi Power Systems América, ubicados en las ciudades de Takasago, Japón, y Dunkerque, Francia, respectivamente.
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