Martín Esparza
Al rechazar la demanda de justicia de la clase trabajadora contenida en los más de tres millones de amparos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando revertir los efectos negativos en contra de los derechos de millones de mexicanos luego de la reforma laboral, los ministros del Alto Tribunal, nuevamente dictaminan de manera irresponsable y sobre las rodillas, instalados en su cómoda nube que les impide mirar a ras de suelo para enterarse de que sus arbitrarios dislates están contribuyendo a acrecentar el número de pobres en México.
El argumento es que con la aplicación de la reforma —vilmente aprobada por diputados y senadores— no hay afectación a los trabajadores. Y a nombre de millones de auténticos afectados cuestionamos a los ministros: ¿en qué país creen que viven? ¿No se han enterado de los abusos en perjuicio de miles y miles de obreros y empleados desde que entró en vigor la nueva disposición?
¿Puede concebirse que sean personajes mal informados, que no estén al pendiente de lo que le sucede a la población, a la que constitucionalmente deben proteger en sus derechos? ¿Su criterio jurídico lo determinan no en función de una terrible realidad social sino de un mundo de ficción, creado por sus altísimos sueldos y privilegios?
Esa nube color de rosa donde ni por descuido asoma el rostro de una nación hambrienta y golpeada por la injusticia.
Han sido los grandes empresarios los que han echado mano de los cambios en la materia para aniquilar la antigüedad y los derechos no sólo de sus obreros sino de sus empleados; trasnacionales y poderosos consorcios han echado a la calle a 68 mil 479 personas.
¿Saben los ministros a quiénes ha beneficiado la reforma laboral?
Con toda seguridad a la clase patronal pero no a millones de mexicanos, pues el raquítico salario mínimo ya había perdido en abril un 9,43 por ciento de su valor, de tal forma que una familia necesita emplear 189.75 pesos al día para adquirir los productos de la canasta básica, sin contar gastos de vivienda, salud, transporte y educación, cantidad muy superior al mínimo con que apenas y subsiste la clase trabajadora.
