Juan Galindo.- Los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezados por el representante propietario principal Carlos Magariño Luévano difundió a través de un comunicado al pueblo de México donde refiere a la lucha del SME a lo largo de 96 años de existencia, gracias al esfuerzo de varias generaciones.
Destacaron la forma en que lograron “la jubilación” en 1936, como resultado de una huelga que durante diez días sostuvieron dignamente, por lo que se convierte en un derecho “imprescindible, inextinguible e irrenunciable”.
Los actuales 22 mil jubilados de Luz y Fuerza, a través de la vida laboral “generamos riqueza en una entidad vital para el desarrollo del país. El sector eléctrico en el cual trabajamos y nos jubilamos constituye un sector estratégico y prioritario, y en términos de los artículos 27 y 28 de la Constitución, es un sector reservado a la Nación, donde no se debe permitir la participación de los privados”.
Añaden que por haber contribuido al desarrollo y progreso lograron la jubilación, la cual está normada en la cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo y su pago protegido por el Fondo de Reserva para Jubilados, “además que el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obliga a la entidad (LyF) a invertir una cantidad suficiente para asegurar el pago de esta obligación, para todos sus jubilados”.
Argumentan que las condiciones alcanzadas en décadas, el gobierno actual pretende eliminarlas al aplicar una política económica neoliberal emanada desde las corporaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En el comunicado mencionan que se pretende que el derecho a la jubilación a una condición de “pensión ilegal y onerosa que a los ojos de la sociedad resulte agresiva para el Erario Público Federal y de impacto negativo para el CCT”.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión “en cuyas manos está restaurar el orden constitucional roto desde el 11 de octubre de 2009, a decidir la creación de un nuevo organismo que atienda con eficiencia el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, cerrando el paso a las empresas privadas”; por lo que exigen la solución inmediata del conflicto laboral por el despido de miles de trabajadores electricistas.
Destacaron la forma en que lograron “la jubilación” en 1936, como resultado de una huelga que durante diez días sostuvieron dignamente, por lo que se convierte en un derecho “imprescindible, inextinguible e irrenunciable”.
Los actuales 22 mil jubilados de Luz y Fuerza, a través de la vida laboral “generamos riqueza en una entidad vital para el desarrollo del país. El sector eléctrico en el cual trabajamos y nos jubilamos constituye un sector estratégico y prioritario, y en términos de los artículos 27 y 28 de la Constitución, es un sector reservado a la Nación, donde no se debe permitir la participación de los privados”.
Añaden que por haber contribuido al desarrollo y progreso lograron la jubilación, la cual está normada en la cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo y su pago protegido por el Fondo de Reserva para Jubilados, “además que el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obliga a la entidad (LyF) a invertir una cantidad suficiente para asegurar el pago de esta obligación, para todos sus jubilados”.
Argumentan que las condiciones alcanzadas en décadas, el gobierno actual pretende eliminarlas al aplicar una política económica neoliberal emanada desde las corporaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En el comunicado mencionan que se pretende que el derecho a la jubilación a una condición de “pensión ilegal y onerosa que a los ojos de la sociedad resulte agresiva para el Erario Público Federal y de impacto negativo para el CCT”.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión “en cuyas manos está restaurar el orden constitucional roto desde el 11 de octubre de 2009, a decidir la creación de un nuevo organismo que atienda con eficiencia el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, cerrando el paso a las empresas privadas”; por lo que exigen la solución inmediata del conflicto laboral por el despido de miles de trabajadores electricistas.
