Encargados de determinar la constitucionalidad de las normas y actos de la autoridad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son designados en su encargo mediante un mecanismo que no garantiza la idoneidad de su perfil ni la independencia de su trabajo. A 186 años de haberse constituido, la Corte no logra consolidarse como la cabeza de un Poder Judicial autónomo y al servicio de la sociedad
El trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está lleno de claroscuros, pues lo mismo se muestra progresista en temas como la despenalización del aborto, que poco diligente en otros, como la defensa de los derechos humanos.
Además, el máximo tribunal constitucional del país mantiene su dependencia al titular del Ejecutivo, a pesar de que la reforma judicial de 1994 intentó romper el vínculo entre éste y el Poder Judicial.
Muestra de ello es que continúa siendo el presidente de la República quien propone a los candidatos para ocupar alguno de los 11 lugares del pleno de la Corte, en un proceso en el que se desconoce el criterio con el que el mandatario elige.
De este modo, persiste la “dependencia política” de los ministros respecto de aquél que los elige, acusa el abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas.
En este proceso discrecional, poco vale la experiencia académica y profesional de los candidatos, pues incluso los requerimientos establecidos para ocupar el cargo de ministro son laxos al respecto, al solicitar sólo el título de licenciado en derecho, “con, por lo menos, 10 años de antigüedad”, como se lee en el portal electrónico de la SCJN.
De este modo, no hay garantía de que quien ocupe el más alto cargo del Poder Judicial de la Federación tenga el perfil idóneo para ello, explica Pedro Salazar Ugarte, experto en control de la constitucionalidad.
