Como expresión viviente de la antidemocracia que impera en México bajo el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa, las cárceles del país continúan llenándose de presos políticos y sociales, entre los cuales quedan incluidos sindicalistas, zapatistas, presuntos guerrilleros, líderes campesinos e indígenas. Ejemplo de esta situación es el caso de Miguel Márquez Ríos, preso político del Sindicato Mexicano de Electricistas en el penal de San Miguel, en Puebla, desde el 21 de octubre de 2010. Pero al estilo de los gobiernos de Juan Manuel Santos Calderón, de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Alan García Pérez, de Perú, la administración del Partido Acción Nacional niega la existencia de presos políticos en la República Mexicana. Es inútil promover tal negación: las evidencias son aplastantes, y las organizaciones sindicales internacionales como la Confederación Sindical Internacional, la Federación Sindical Mundial y sus federaciones y sindicatos integrantes, así como organizaciones autónomas de diversos países, han puesto al desnudo la realidad que prevalece en nuestro país en las campañas de solidaridad con los electricistas, minero-metalúrgicos, trabajadores de la aviación y otros núcleos de asalariados. No es posible, pues, tapar el sol con un dedo.
La lucha por la libertad de Miguel Márquez Ríos, por ahora, no ha alcanzado su coronación victoriosa, pese a la amplitud de la solidaridad concretada en México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Grecia, Portugal, España, Francia, Chipre, Sudáfrica y otros países. Los mítines y protestas públicas, los desplegados y cartas a las autoridades panistas, las resoluciones de congresos, conferencias y otras reuniones sindicales, campesinas, estudiantiles y populares no han podido romper la cerrazón del gobierno antiobrero, proempresarial y entreguista de Felipe Calderón Hinojosa. El compañero dirigente electricista permanece en prisión.
Empero, la situación no se presenta estática. En meses recientes, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana ha impuesto algunas de sus demandas laborales y políticas, como la liberación de Juan Linares Montúfar, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del SNTMMSSRM, y de Juan Andrés Villa Licea, Ramón Monsiváis Ortega y Martín Reina Cruces, dirigentes y miembros del Comité de Huelga local de la Sección 142 del mismo sindicato, que agrupa a los obreros de la mina El Cubo, en el estado de Guanajuato, quienes, después de un prolongado movimiento huelguístico, llegaron a una solución del conflicto. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el preso político más importante del movimiento obrero mexicano: el militante del SME, Miguel Márquez Ríos.
