Indignación causó en la Cámara de Diputados, la liberación del corrupto y apátrida ex director de operaciones de la CFE, Néstor Moreno Díaz, por lo que los legisladores no sólo exigieron ala Consejo de la Judicatura Federal llamar a cuentas al juez que dio por no cumplida la orden de aprehensión, y a la PGR su recaptura por otros delitos, no sólo por el de enriquecimiento ilícito, sino por cohecho, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público y lavado de dinero. Al criticar la “débil” consignación de la Procuraduría General de la República (PGR), por el único delito de enriquecimiento ilícito y la cómplice actuación del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien opera como “tapadera” de los peces gordos de la corrupción, los diputados del Grupo de Trabajo para Investigar las Denuncias de Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, amagan con instaurarle un juicio político para que responda “todo lo que ha dejado de hacer”.
El coordinador del Grupo de Trabajo para Investigar las Denuncias de Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, exigió al Poder Judicial explicar por qué se liberó al ex directivo de CFE, Néstor Moreno Díaz, acusado de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos.
“El Consejo de la Judicatura debe iniciar de cara a la nación una explicación de manera que entendamos en cristiano qué pasó en ese juzgado que liberó al señor Moreno Díaz a altas horas de la madrugada”, dijo al apoyar la creación de una Auditoría Ciudadana, desligada del sector público para hacer frente a la desbordada corrupción en la alta burocracia.
Santiago Ramírez, enfatizó que el Consejo de la Judicatura debe explicar cómo le hace para identificar cuando en verdad es un juicio de amparo para proteger las garantías individuales y cuando es una maniobra para violar la ley, luego de que fue liberado Moreno Díaz la madrugada de ayer, porque una juez en el Distrito Federal decidió no dar por cumplida la orden de aprehensión en su contra, por considerar que seguía vigente un amparo emitido por un juzgado de Monterrey.
