Para lavar su percudida imagen ante la opinión pública, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Antonio Vivanco Casamadrid, decidieron salir al unísono y denunciar uno de los tantos fraudes que desde hace años se cometen en la que debería ser calificada como una “empresa de pillaje mundial”.
El contralor de la federación –que en su gestión no ha hecho nada que justifique su elevado salario– trata de aparecer como el paladín de la transparencia al lado del titular de la CFE, que no ha cambiado en lo absoluto los vicios heredados por su antecesor, Alfredo Elías Ayub, protector del hoy prófugo Néstor Moreno Díaz.
En su montada escena, ya rodaron las cabezas de algunos funcionarios menores y han sido señalados con el dedo flamígero el apoderado legal de CFE, Francisco Ladislao Rodríguez Retes; el juez mixto de Sinaloa, José Raymundo Soto Conde, y el perito externo, Martín López López. Como resultado de las “acuciosas” indagatorias del titular de la Función Pública, se ha establecido que por lo menos 60 funcionarios de la CFE, coludidos con jueces y peritos de Sinaloa, se dedicaron de 2007 a 2010, a timar a la paraestatal por juicios entablados en su contra por particulares, respecto al pago de derecho de servidumbre para instalar líneas de conducción de energía. Tan sólo en 2007, la CFE pagó y perdió cientos de juicios cuando en 2006 el número de litigios apenas y era de cuatro por año.
El contralor de la federación –que en su gestión no ha hecho nada que justifique su elevado salario– trata de aparecer como el paladín de la transparencia al lado del titular de la CFE, que no ha cambiado en lo absoluto los vicios heredados por su antecesor, Alfredo Elías Ayub, protector del hoy prófugo Néstor Moreno Díaz.
En su montada escena, ya rodaron las cabezas de algunos funcionarios menores y han sido señalados con el dedo flamígero el apoderado legal de CFE, Francisco Ladislao Rodríguez Retes; el juez mixto de Sinaloa, José Raymundo Soto Conde, y el perito externo, Martín López López. Como resultado de las “acuciosas” indagatorias del titular de la Función Pública, se ha establecido que por lo menos 60 funcionarios de la CFE, coludidos con jueces y peritos de Sinaloa, se dedicaron de 2007 a 2010, a timar a la paraestatal por juicios entablados en su contra por particulares, respecto al pago de derecho de servidumbre para instalar líneas de conducción de energía. Tan sólo en 2007, la CFE pagó y perdió cientos de juicios cuando en 2006 el número de litigios apenas y era de cuatro por año.
