Intromisión del Ejecutivo
Martín Esparza Flores
En las próximas semanas, la Corte tendrá en sus manos equilibrar los números rojos que presentan sus niveles de credibilidad luego de que el pasado 21 de marzo tres de los cinco integrantes de su Primera Sala votaran en contra del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que planteaba la liberación de la francesa Florence Cassez.
En el ambiente del Estado de derecho, que debería ser limpio y cristalino, quedó flotando como densa niebla la abierta intromisión del Poder Ejecutivo. Juristas y diversos sectores sociales coinciden en que la autonomía del máximo órgano de justicia del país se encuentra al borde de la quiebra.
De nada valió que previo a la determinación de los ministros de la Primera Sala, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, haya expresado en el marco del 206 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y de frente a Felipe Calderón, su rechazo a la creencia de que la ley deba cumplirse “a capricho”, pues ello conduce a un abuso de poder, antesala del “autoritarismo y la impunidad”.
Las crónicas describieron a un Calderón de rostro desencajado, sobre todo cuando Silva apuntó en su mensaje: “Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la república, que es la legalidad”. También indicó que es obligación inquebrantable de los jueces “ver siempre por el interés superior, a poner por delante el bienestar de todos, a corregir a costo presente las desviaciones y los abusos de poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la sociedad, eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso, haremos”.
