PRIMERO con Salvador Vega Casillas y ahora con Rafael Morgan Ríos, la Secretaría de la Función Pública tiene que enterarse por los procesos judiciales en Estados Unidos de los actos de soborno y corrupción que se viven en México. Los encargados de la lucha anticorrupción en México, quienes tienen la tarea de poner en la red a los peces gordos, no han participado en ninguno de los tres casos más relevantes del sexenio calderonista: la Comisión Federal de Electricidad, con el ex director de Operaciones de la empresa estatal, Néstor Moreno Díaz; la empresa Bizjet International, que ha tocado a la estructura de la Presidencia y de la Policía Federal, y la corporación Wal-Mart para la obtención de permisos. El común denominador ha sido el soborno para la obtención de contratos y, desde luego, las indagatorias en EU.
LOS PROTOCOLOS para el uso de la fuerza de las autoridades federales civiles y militares fueron analizados la mañana del lunes en distintas oficinas del Poder Judicial de la Federación, que encabeza el ministro Juan Silva Meza. Los lineamientos también regulan la detención de sospechosos o personas en flagrancia. ¿Cuál es la lectura que los funcionarios judiciales le dieron al anuncio del presidente Felipe Calderón? En primera instancia, que el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el debido proceso en el expediente de la francesa Florence Cassez fue el correcto, nos comentan. Ah, pero hay algo más: el sistema de justicia no se puede dar el lujo de hacer montajes, como el que hizo en su momento el ahora secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, aseguran en el Poder Judicial.
