La amplia inconformidad ciudadana por los cobros exorbitantes en las tarifas de electricidad –que se expresa en las más de 64 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor entre 2011 y lo que va de este año–, y la crítica situación que enfrentan miles de usuarios y familias en el país como consecuencia de los mismos, son las expresiones sociales más visibles del manejo ineficiente y antinacional realizado por las últimas administraciones en la industria de propiedad pública, particularmente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además de la injustificable proliferación de cobros estimados a los usuarios de energía eléctrica de todo el territorio –lo que en sí explica en parte el descontrolado aumento en las tarifas–, en la actual ofensiva a la economía de las familias y las pequeñas empresas convergen factores de larga data.
