México se prepara para el gran día. Después de seis largos años de espera –pues los presidentes aquí gobiernan por sexenios- llega de nuevo el día de la elección, fechada según marca la tradición para el primer domingo de julio. Y han sido seis años de angustia. Por si no bastara con la larga sombra del fraude electoral de 2006 –nunca admitido oficialmente, pero sobreentendido en la práctica, al igual que el fraude de 1988- que amenaza con repetirse este 2012, una violenta guerra sin adversario visible sacude el país. En el 2006, los mexicanos pensaron que no podía haber nada peor que un fraude electoral. Se equivocaron: el presidente oficial, Felipe Calderón (del Partido de Acción Nacional) emprendió una violenta estrategia de legitimación: declaró la guerra al narcotráfico. El problema: en vez de erradicar las drogas, Calderón erradicó a más de 60.000 personas, presuntos narcotraficantes ejecutados in situ sin juicio ni detención.
México es ahora un país sin ley: los desaparecidos se cuentan por miles. Ningún mexicano en su sano juicio se atreve ya a cruzar de noche (o incluso de día) ciertas carreteras –cada vez más- donde uno puede desaparecer para siempre, sea en manos de malhechores anónimos o de las fuerzas del ejército. Los gobiernos de los países centroamericanos reclaman con insistencia protección para sus ciudadanos, que atraviesan este México convulso en su camino hacia Estados Unidos. Muchos no regresan jamás. La masacre de 72 migrantes en San Fernando fue solo la punta del iceberg que reveló al mundo el terror cotidiano que se vive en México. México está en guerra, pero es una guerra, que, como los fraudes electorales, no se admite públicamente. Nadie sabe quién es el enemigo. Cualquiera puede caer bajo las balas de la “delincuencia organizada” o del Ejército, y ser a posteriori vinculado con el narcotráfico. Cualquiera. Incluso el hijo de un poeta como Javier Sicilia.
