Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, debe permanecer sujeto bajo juicio por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 33 millones de pesos.
Foto: Reforma
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Ciudad de México.- Un tribunal federal determinó que Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, debe permanecer sujeto bajo juicio por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 33 millones de pesos, motivo por el que continuará en la cárcel.
Al resolver la apelación 108/2012, Manuel Bárcena Villanueva, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, ratificó el auto de formal prisión dictado al ex funcionario de la CFE, por estimar que la Procuraduría General de la República ofreció los indicios suficientes para sujetarlo a proceso.
Al resolver la apelación 108/2012, Manuel Bárcena Villanueva, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, ratificó el auto de formal prisión dictado al ex funcionario de la CFE, por estimar que la Procuraduría General de la República ofreció los indicios suficientes para sujetarlo a proceso.
El pasado 13 de abril, la juez federal Taissia Cruz Parcero decidió iniciarle un juicio a Moreno por un enriquecimiento presuntamente ilegal de 33 millones 99 mil 292 pesos, fallo que el inculpado apeló ante el magistrado Bárcena Villanueva.
Sin embargo, el impartidor de justicia también concluyó que el ex funcionario debe ser procesado por todos los hechos que le atribuyó la Procuraduría, como son la propiedad de un yate de 1.8 millones de dólares y un Ferrari Spyder de 297 mil dólares.
También por contar con una línea de crédito de 170 mil dólares, así como por presuntamente haber recibido pagos diversos por 600 mil dólares y tener dos terrenos que la autoridad supone que adquirió con dinero ilícito, uno de ellos en Los Mochis, Sinaloa y otro en Ensenada, Baja California.
"Nuevamente le violentan los derechos mínimos, las garantías mínimas de seguridad jurídica al ingeniero Néstor Moreno, al confirmarse el auto de formal prisión; los órganos jurisdiccionales son los encargados de vigilar las garantías que consagra la Constitución y en lugar de defenderlas, las vulnera", dijo Héctor Galván, abogado del inculpado, en referencia al tribunal.
"Primero le negaron el derecho constitucional a la libertad provisional, a pesar de estar procesado por un delito no grave, y ahora confirman la decisión de la juez; en los dos casos vamos a promover amparos y esperamos que la próxima autoridad que lo revise vea la legalidad del asunto y vea y crea en la inocencia de mi cliente", expresó el litigante.
