Editorial / La Jornada
Son múltiples y de larga data los señalamientos que vinculan a la dirigente
magisterial Elba Esther Gordillo con hechos delictivos. Particularmente graves
son los que se refieren a su responsabilidad en el asesinato del dirigente
magisterial Misael Núñez Acosta, ocurrido el 30 de enero de 1981 en Ecatepec;
las denuncias por supuestos secuestros y detenciones ilegales de profesores
disidentes de principios de los años 80 a la fecha a instancias de Gordillo y de
su antecesor, Carlos Jonguitud; las recurrentes acusaciones por opacidad y
corrupción en el manejo de las cuotas sindicales; las demandas legales por
enriquecimiento ilícito de La Maestra, además de señalamientos como el
formulado en julio de 2011 por Miguel Ángel Yunes –ex aliado gordillista que fue
uncido director del Issste el sexenio pasado– en el sentido de que la lideresa
chiapaneca le exigió 20 millones de pesos mensuales de los fondos del organismo
de seguridad social para financiar al Partido Nueva Alianza.
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