Por reiterados atropellos consumados por gobierno mexicano
Martín Esparza Flores / Revista Siempre
Con la firme intención de derribar el muro de la intransigencia y las aberraciones jurídicas levantado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han permitido la violación sistemática de las leyes del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevará en la presente semana su Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador hasta las puertas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para presentar la demanda respectiva que permita conocer a la opinión pública internacional los excesos perpetrados en perjuicio de los derechos laborales y humanos de los 44 mil trabajadores despedidos tras el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, del 11 de octubre del 2009, así como la serie de triquiñuelas legales empleadas en su contra por el gobierno mexicano.
En la denuncia quedará constancia de la forma autoritaria y violenta —entre otras agresiones— en que se nos despojó de nuestros derechos civiles, jurídicos y laborales por parte de Felipe Calderón Hinojosa y sus sumisos e incondicionales ministros, desde el momento en que se recurrió al uso de las fuerzas armadas y policiales para desalojarnos de nuestros centros de trabajo, hasta la infundada sentencia del 30 de enero pasado en que la SCJN revocó el amparo emitido a favor del SME por el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral, el 13 de septiembre del 2012, que ordenaba la restitución de nuestros empleos y la obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asumirse como patrón sustituto.
Es el momento de que todo el mundo se entere del grado de ignominia a que han llegado el máximo órgano de impartición de justicia y el gobierno mexicano de negar todo derecho a los trabajadores. En enero pasado, a nivel global, se ponderó el respeto a los tratados internacionales y a los derechos humanos que mostró el país al dejar libre por lo viciado del procedimiento de su detención a la francesa Florence Cassez, pero ésa fue sólo una cara de la parcial, tendenciosa y torcida aplicación e interpretación de las leyes por parte de las autoridades federales y los manipulables integrantes de la SCJN.
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