Talía Vázquez asegura haber visto cómo el legislador recibió 900 mil dólares para gestionar el permiso para un casino y ya presentó la denuncia penal. Dice que no se detendrá hasta que se haga justicia
Lunes 13 de mayo de 2013
Demanda penal y luego desafuero. Ese es el objetivo que tiene Talía Vázquez Alatorre en contra del senador panista, Roberto Gil Zuarth.
La abogada que denunció haber visto como el legislador recibió 900 mil dólares para gestionar el permiso para un casino no piensa detenerse.
Ya había advertido que iría hasta las últimas consecuencias y en ese camino se encuentra. El pasado miércoles ratificó su denuncia penal en contra del senador en la PGR y logró que se abriera la averiguación previa 1165/2013 radicada en la mesa 2 de la fiscalía de la PGR en el Reclusorio Sur.
La denuncia fue presentada el 23 de abril pero se requería de su ratificación para que se iniciaran las diligencias.
En ella presentó como pruebas videos, audios y notas periodísticas.
Lo acusa del delito de obstrucción contra la administración de justicia. Asegura que obtuvo constancias de un proceso en curso y al cual es ilegal que tenga acceso.
Hizo públicas, en una entrevista de radio, pruebas de su denuncia por violación revictimizándola. Esta denuncia penal es paralela al juicio por la vía civil que el propio senador Gil entabló en contra de la abogada por presunta difamación.
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Demanda penal y luego desafuero. Ese es el objetivo que tiene Talía Vázquez Alatorre en contra del senador panista, Roberto Gil Zuarth.
La abogada que denunció haber visto como el legislador recibió 900 mil dólares para gestionar el permiso para un casino no piensa detenerse.
Ya había advertido que iría hasta las últimas consecuencias y en ese camino se encuentra. El pasado miércoles ratificó su denuncia penal en contra del senador en la PGR y logró que se abriera la averiguación previa 1165/2013 radicada en la mesa 2 de la fiscalía de la PGR en el Reclusorio Sur.
La denuncia fue presentada el 23 de abril pero se requería de su ratificación para que se iniciaran las diligencias.
En ella presentó como pruebas videos, audios y notas periodísticas.
Lo acusa del delito de obstrucción contra la administración de justicia. Asegura que obtuvo constancias de un proceso en curso y al cual es ilegal que tenga acceso.
Hizo públicas, en una entrevista de radio, pruebas de su denuncia por violación revictimizándola. Esta denuncia penal es paralela al juicio por la vía civil que el propio senador Gil entabló en contra de la abogada por presunta difamación.
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