Sumisión e incondicionalidad ante vaivenes del poder
Martín Esparza Flores / Revista siempre
Este 6 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cumple 23 años de intrascendente y costosa existencia al haber entregado su autonomía a los gobiernos en turno, convirtiéndose en un apéndice del poder y obligando a ciudadanos y organizaciones sociales que enfrentan un sinnúmero de atropellos en nuestro país a acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, ante la que el Sindicato Mexicano de Electricistas presentó, el pasado 24 de mayo, su queja en contra de los abusos del gobierno de Felipe Calderón y de los once ministros de la Corte que pisotearon la Constitución y los derechos humanos y laborales de 44 mil trabajadores tras la extinción de Luz y Fuerza, en octubre del 2009.
Como quedó constancia en México, la CNDH y el ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, rechazaron con todo su inoperante y costoso aparato burocrático reconvenir a los ministros por aniquilar los derechos humanos laborales de los electricistas en resistencia, tras revocar de forma arbitraria el amparo concedido a su favor por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Laboral, pasando por alto las reformas constitucionales que plasmaron tales derechos en junio del 2011, en el artículo primero de la Ley Fundamental.
A lo largo de los años se ha demostrado no únicamente la inoperancia sino la sumisión e incondicionalidad hacia el poder mostrada por los titulares del organismo creado el 6 de junio de 1990 por Carlos Salinas de Gortari, como parte de los requisitos exigidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. De nada valió en los hechos que desde 1999 el Congreso le otorgara a la CNDH autonomía presupuestaria y de gestión. Hoy en día, sus escasas recomendaciones ninguna instancia de gobierno las acata y menos las respeta.
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